El Justicia de Aragón ha pedido a la DGA que adopte las medidas oportunas para emitir una normativa propia que regule el procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de las Escuelas de Idiomas a la evaluación «según criterios objetivos». Se refiere a las pruebas de clasificación, que un alumno pidió revisar y no se le permitió.
