La comarca de Caspe fue escenario de un enfrentamiento en el pleno celebrado el martes a cuenta de los sueldos percibidos por algunos de sus miembros. Lo que desató el revuelo fue que el voto de calidad del presidente (Carlos Alastuey, del PAR) supuso atribuir un sueldo de 24.000 euros anuales a la vicepresidenta cuarta del consejo comarcal, perteneciente al Partido Aragonés. Votaron a favor dos concejales del PAR, dos de Chunta y siete del PSOE (hubo dos que se abstuvieron dentro de este grupo), mientras que Compromiso por Caspe (CPC) y PP, que suman once consejeros, se pronunciaron en contra, informó la Cadena Ser.

"Ese sueldo no tiene ningún sentido porque la vicepresidenta cuarta no tiene ninguna competencia", argumentó Luis Javier Sagarra, de CPC. Sin embargo, Alastuey mantuvo que el enfado de Compromiso por Caspe se debía a que la "consolidación" de ese salario suponía que "los que antes cobraban ahora no cobren". "De ahí viene el rebote", sentenció el presidente de la comarca Bajo Aragón-Caspe.

Lo cierto es que la vicepresidenta cuarta, Maribel Gascón, tiene encomendado el área de Medio Ambiente, en el que las comarcas apenas poseen competencias.

Luis Javier Sagarra, que abandonó el pleno con sus compañeros de partido, aseguró que intentó tomar la palabra para responder a un comentario "difamatorio" del presidente de la comarca y que este le negó tal posibilidad. "Se trata de un claro abuso de poder, no se puede permitir que un presidente increpe a un consejero y no le dé el turno de réplica", aseguró Segarra.

"Nos marchamos en señal de protesta", agregó el portavoz del CPC, que criticó al equipo de gobierno por haber "eliminado" la Agencia de Desarrollo Local, una medida que, en su opinión, "va en contra del interés de la comarca" ya que entraña la pérdida de subvenciones.

ABSTENCIÓN Antonio Tudó fue uno de los dos consejeros del PSOE que se abstuvieron. "Me abstuve porque no estoy de acuerdo con que el consejo comarcal pase de dos a tres personas con sueldo", explicó.

"En los tiempos que corren, con recortes generalizados y tanto paro, va a ser muy difícil hacer entender a la gente de la calle que un político con un cometido poco concreto va a cobrar un sueldo de 24.000 euros al año", continuó.

"No se trata de la cantidad en sí, pues una vez descontados los impuestos y otras cargas, el sueldo se quedará en unos 1.000 euros al mes, sino del hecho de que las Administraciones públicas no dan un ejemplo de ahorro de recursos", añadió.