Las pesquisas del Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía sobre las afiliaciones fraudulentas al PSOE han salpicado de lleno a Lola Ranera, concejal y responsable de Régimen Interior en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Los investigadores han descubierto que dos cuentas bancarias de las que es cotitular la edil y otra en la que figura como autorizada pagaron en el 2010 y el 2011 las cuotas de afiliación al PSOE de once militantes. La última de las libretas está abierta a nombre de la Agrupación Local de los socialistas de La Jota, de la que ella es secretaria general.
La Policía ha hecho las averiguaciones dentro de las diligencias en las que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza mantiene imputados por tráfico de influencias y revelación de secretos al exconcejal socialista Antonio Becerril y a cuatro empresarios.
Dentro de esas pesquisas, la Policía descubrió que 68 vecinos de Garrapinillos --de cuya agrupación local fue secretario el exedil hasta su suspensión de militancia en el 2009-- eran, sin saberlo, militantes del PSOE desde hacía años. Sus cuotas eran pagadas desde doce cuentas bancarias de las que era titular Becerril.
La mayoría de ellos se han dado de baja tras pasar por el juzgado para declarar como testigos: la mayoría no recordaba haberse inscrito en el partido, y si bien algunos --pocos-- reconocieron como suya la firma que figuraba en los boletos de afiliación, no acertaron a explicar cuándo ni por qué motivo la habían estampado.
Cuando la Policía, que investiga un posible delito de falsedad documental, interrogó a Becerril sobre este fleco del caso, el exconcejal negó haber cometido irregularidades con las afiliaciones, efectuadas entre 1992 y el 2005.
PRÁCTICA EXTENDIDA Las falsas afiliaciones son una práctica relativamente habitual en los partidos políticos. Dirigentes orgánicos de nivel bajo y medio suelen pagar desde sus cuentas las cuotas de militantes involuntarios que les garantizan apoyos tan efectivos como ficticios en las luchas internas. En ocasiones asumen también el pago de las mensualidades de militantes vip --profesionales liberales y altos funcionarios-- reacios a que su identidad figure en los censos del partido en cuestión.
Los dirigentes que realizan estas prácticas se aprovechan de una ventaja contable: la ejecutiva federal asigna a las agrupaciones locales el 50% de la recaudación por cuotas, lo que posibilita que muchos de ellos financien la mitad de sus militantes fantasmas con una cuota inicial que recuperan y reingresan cada seis meses.
El tándem Zapatero-Blanco intentó atajar estas prácticas, para lo que limitaron a cuatro el número de cuotas que podían ser pagadas desde una misma cuenta bancaria, centralizaron el pago en Ferraz y dieron de baja a los morosos. El partido perdió así a 200.000 de sus 416.000 militantes en cuatro años.
Las cuentas de Ranera --a falta de que un banco remita la información-- cumplían esas normas: dos de ellas pagaban cuatro cuotas y la tercera, tres.
