Los colegios profesionales volvieron a mostrar ayer en Zaragoza su rechazo al proyecto de modificación de Ley de Servicios Profesionales que tramita el Gobierno central. Teóricamente, la norma trata de fomentar la competencia según las normas que dicta la Unión Europea. Pero según expusieron ayer los representantes de la Unión Profesional, las directrices europeas son mucho más laxas de lo que se dice, y el Gobierno las está aprovechando para elaborar una norma extremadamente estricta. Por lo oído ayer, en el cónclave del palacio de La Aljafería, ha conseguido una vez más unir a todos los sectores implicados en su oposición al proyecto.

Una de las pocas conclusiones de la reunión, fundamentalmente informativa, fue la sugerencia a los profesionales y colegios para que presionen, en la medida de lo posible, a los gobiernos central y autonómico para que modifiquen el anteproyecto. La presión ha dado sus frutos hasta el momento, ya que se ha eliminado uno de los puntos que nació con más polémica, la eliminación de la incompatibilidad entre procuradores y abogados que perjudicaba a los primeros, fundamentalmente.

Pero quedan muchos puntos preocupantes para los colegios que aclarar. Por ejemplo, la reducción de los organismos, la eliminación de la colegiación obligatoria, de algunas reservas de actividad --funciones reservadas a cada gremio--... Por ejemplo, los dueños de la farmacia ya no tendrían que ser farmacéuticos.

El Gobierno sostiene que estas medidas favorecerían la competitividad, pero para los colegios traerían un problema para los consumidores, ya que al eliminarles competencias y poderes se resentiría su capacidad de atajar el intrusismo y las malas artes. En cuanto a normas como la colegiación única, para ejercer en todo el país, no suscitan gran rechazo entre los colectivos consultados, y muchos ya cuentan con normas similares.