La controversia por el futuro de la factoría Averly amenaza con fundir al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). Ayer, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desestimara la suspensión cautelar solicitada contra la licencia de derribo de las naves no catalogadas y le acusara de cometer un fraude procesal por ir contra sus propios intereses, recibió críticas de toda la oposición. Todos lamentaron de forma unánime el "ridículo" realizado y señalaron a un empeño "partidista" que conlleva, ahora sí, unas costas que PP, Ciudadanos (C's) y CHA, como ya hiciera el PSOE, le reclamaron que "pague de su bolsillo". Y le exigieron que dé curso al expediente antes de que le cueste a la ciudad más dinero.

El edil Pedro Navarro, del PP, consideró que el auto del juez es "una reprobación judicial al alcalde Pedro Santisteve y al responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz", y que es "más grave aún porque ambos son abogados de profesión". "Que explique Santisteve si alguna vez ha traicionado a su cliente como está haciendo con el ayuntamiento", expuso.

A su juicio, el magistrado también le reprocha que intente "verse liberado de su competencia --la de conceder la licencia-- por un órgano judicial". "ZeC ni gobierna ni quiere gobernar", apuntó, al tiempo que criticó la "tremenda soberbia" mostrada al hacer caso omiso, la semana pasada, a las advertencias de la oposición. Por eso exigió que pidan disculpas, paguen las costas y convoque de urgencia una Gerencia de Urbanismo para tramitar la concesión de una licencia de derribo que, como acto reglado que es, ya no puede bloquear más por su "urbanismo ideológico". Porque ya no queda otra que votar a favor o abstenerse, para no incurrir en prevaricación.

VÍA CERRADA

"Hemos defendido el interés patrimonial de todos los zaragozanos. Esa es la responsabilidad del ayuntamiento", replicó ayer Muñoz, quien insistía en su "sorpresa" por un auto judicial que no solo desestima su petición sino que "prejuzga el fondo". Admite que la vía judicial "ya está cerrada" pero que "quedan alternativas por la vía política", aunque no dijo cuáles.

Se las pidió Chunta. Su portavoz, Carmelo Asensio, lamentó el "ridículo" evidenciado por ZeC y que "deja una situación muy complicada, porque el margen de maniobra es mínimo ahora" para llegar a un acuerdo con la propiedad de Averly. Criticó que no haya informado de sus negociaciones, y le recordó que no votarán contra un acto reglado pero que hay "alternativas" todavía que Muñoz debe explicar.

Alberto Casañal, de C's, arremetió contra la ocultación de las negociaciones y le insta a acatar el auto que "cierra la vía judicial de forma contundente". "Es un tirón de orejas significativo. No solo le dicen que no tienen razón, también que no están haciendo su trabajo", apostilló.