La falta de acuerdo entre los socios de Gobierno obliga a aparcar la ley de distribución de responsabilidades administrativas entre entidades locales. El texto, firmado por PP y PAR, contemplaba el recorte del 30% de los consejeros comarcales. Los aragonesistas, con el pretexto de buscar un acuerdo amplio, decidieron que el ajuste fuera menor, o por lo menos que se flexibilizara. Algo por lo que los populares no han querido aceptar, convencidos como están de que es "urgente" reducir los políticos en los órganos de las comarcas.
El enfado es mayúsculo en las filas populares que ven cómo, en el último momento, su socio se desmarca de una proposición de ley que presentaron de forma conjunta. Desde el grupo popular subrayaron ayer que el 30% no es negociable y que el recorte del número de consejeros es una "línea roja" en la que no están dispuestos a ceder. Achacan la decisión del PAR a la cercanía de las elecciones y a la necesidad que tiene esta formación de contentar a sus representantes en el territorio.
María Herrero (PAR), que ha sido la encargada de negociar la ley en su tramitación parlamentaria, admitió que su partido se ha "desmarcado" del texto inicial registrado por su grupo y el PP. Lo hacen, dijo, en aras del consenso. Explicó que una norma de estas características, que afecta a todas las entidades locales de Aragón debe salir con el acuerdo de la mayoría de los grupos. "Damos por sentado que no se puede contar con el PSOE, que se ha mantenido al margen en todo momento, pero sí es posible buscar el pacto con CHA e IU. Nosotros no queremos que se apruebe solo con el apoyo de dos partidos", manifestó.
MALESTAR
La ruptura entre PP y PAR precipita al vacío esta ley, considerada como una prioridad por la presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi. Durante toda la legislatura los mensajes de unos partidos y otros sobre la necesidad de eliminar duplicidades competenciales y ajustar los cargos comarcales se han sucedido. Llegados a este punto, todo se ha quedado en agua de borrajas, y salvo cambio de última hora, no habrá acuerdo.
En medio del fuego amigo entre PP y PAR se han quedado el resto de grupos. CHA presentó una enmienda al texto de la ley en la que se rechazaba el ajuste del 30%, y se proponía que las partidas destinadas a cubrir gastos para cargos públicos y de confianza no debían superar el 5% del gasto de personal. La formación nacionalista apostaba por la elección directa de los consejeros comarcales.
IU, por su parte, requería una negociación que permitiera pactar el ajuste de los representantes públicos en los entes comarcales. El PSOE se ha abstenido en todas las votaciones, contrario a la política que ha seguido el Gobierno central con la reforma de la ley de bases de régimen local.
NO RETORNO
Y así se ha llegado a este punto que parece de no retorno. "Existía un acuerdo entre el PP y PAR, que se ha roto, y ahora no sabemos muy bien qué va a pasar. Pero lo cierto es que tenemos un texto pactado en todos sus puntos excepto en la reducción de consejeros comarcales", explicó Mar Vaquero (PP). La popular insistió en que se ha hecho un "gran trabajo", que al final no verá la luz por esta cuestión. "Pensamos que la ciudadanía aragonesa espera de nosotros un mensaje que pasa por reducir los cargos políticos en las comarcas, para nosotros es importante abordar esta cuestión y no vamos a renunciar a ella", remarcó.
