La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, ha recurrido el auto de acomodación de la operación Molinos y ha solicitado al juez de La Almunia que decrete el archivo de las actuaciones contra ella al sostener que no cometió ninguno de los delitos que le imputan.
Otros seis imputados --algunos de ellos directamente a la Audiencia Provincial-- han pedido el sobreseimiento de las actuaciones: Dolores Pinilla, Víctor Embarba, Ruth Lorés, Carlos Martín Rafecas, Luis Ruiz y José Antonio Puyadas. Y tres más, Vicente Rodrigo, Julio Herrero y Alberto Lozano, han propuesto desgajar sus asuntos y juzgarlos por separado. El juez ha dado dos días al resto de las partes para que emitan sus alegaciones a esas propuestas.
El recurso de la alcaldesa sostiene que su imputación en la operación del SR-1 es una "tergiversación", ya que niega que pactara la venta de terrenos y que hubiera reclamado dádivas por desencallarla. Asegura que el chalet de la República Dominicana lo compró su hijo Víctor con los regalos de su boda y la ayuda de sus padres, y niega haber cometido las irregularidades que le imputa el auto, entre ellas el manejo de grandes cantidades de dinero negro, el cobro de mordidas, la recaudación de donativos para el equipo de fútbol o el cargo de gastos personales a las arcas municipales.
SOBRANTES Ruth Lorés, de Viajes Sáuco, niega que sobornara a Pinilla con billetes gratis para ella y sus parientes. Y pide al juez que le indique si hay sobrantes de los embargos sobre las propiedades de la familia con el fin de cobrar las deudas pendientes por ese concepto.
El exsubdirector provincial de Urbanismo de la DGA, Carlos Martín Rafecas, niega que pudiera haber cometido un delito de tráfico de influencias al desencallar, por indicación de Pinilla, la operación del SR-1 en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. Solo tenía un voto, argumenta, y carecía del "dominio de la acción" en un órgano colegiado.
El secretario municipal, Luis Ruiz, sostiene que respetó la ley en la tramitación de los expedientes por los que está inculpado. Y José Antonio Puyadas, asesor fiscal de Carmelo Aured, mantiene que está encartado por tener a este como cliente, aunque "no existe motivación por la que el juzgador considere que los hechos denunciados pudieren ser constitutivos de los presuntos delitos".
