El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con el único voto negativo de los concejales de ZeC, ha vuelto a pedir la regularización de los servicios prestados sin contrato y que los pliegos de condiciones estén listos al menos seis meses antes de su finalización.
En la moción, presentada por el grupo socialista, también se insta al Gobierno municipal a convocar en el plazo de un mes la Comisión de Vigilancia de la Contratación para informar sobre todos los servicios que se siguen prestando sin contrato en vigor, así como que se convoque trimestralmente, a solicitud del PP, lo que ha provocado el rechazo de ZeC.
Así, desde el PSOE, Javier Trívez ha centrado su turno de palabra en evidenciar los "fiascos" el actual Gobierno en la gestión de los reconocimientos de obligación, que criticaba ZeC a su llegada al Consistorio pero que han aumentado desde los 24,8 millones que había en 2015 a los 43,2 millones el año pasado.
A su juicio, esta cifra se ha "disparado" debido a que la política de contratación ha sido "un auténtico desastre" por la "incapacidad y fracaso colectivo" del conjunto del Gobierno de ZeC.
Desde el grupo popular, María Jesús Martínez ha recordado que ellos fueron los únicos que venían denunciando el uso excesivo de los reconocimientos de obligación desde la legislatura anterior, que ha negado que sean un hecho "excepcional".
En representación de ZeC, el responsable de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha asegurado que la cifra ha aumentado porque se están reconociendo todos los contratos en lugar de "meterlos en un cajón", algo que han hecho con un total de 201 desde 2015.
En todo caso, ha insistido en que solo suponen un 0,4 por ciento del presupuesto, por lo que es una cantidad "excepcional".
Sara Fernández (C's) ha manifestado que, lo que debería ser un mecanismo excepcional, a día de hoy es algo "ordinario" y "habitual", como vienen demostrando desde ZeC con sus propias instrucciones, que "se las pasan por el forro".
Además, ha alertado que con el servicio de Parques y Jardines, cuya licitación está paralizada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), va a haber millones de euros más en reconocimientos de obligación, que además acabarán también en los juzgados.
El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha incidido en su preocupación por que el Gobierno prefiera la línea de la "contratación" y de la "sanción", que está bien pero que debería ir acompañada de un diálogo con las empresas para evitar suspensiones, además de defender que "hay que darle vida a la Comisión de Vigilancia de la Contratación".
