PSOE y Podemos han cerrado hoy varios puntos en la negociación para un acuerdo de investidura del presidente de Aragón, conversaciones que van a "buen ritmo" pero que aún tienen escollos, como las medidas coercitivas a los bancos que posibiliten desahucios o la concreción sobre la reducción de altos cargos.
Los equipos negociadores de ambas formaciones se han reunido hoy en el Palacio de La Aljafería por quinta vez para tratar de cerrar un documento para la investidura basado en el decálogo que elaboró Podemos con las medidas imprescindibles para que la formación violeta apoye la investidura del socialista Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón.
En las reuniones de la semana pasada, ambos equipos llegaron a varios acuerdos, que hoy han concretado en una "segunda vuelta" del análisis del decálogo.
Así, se han vuelto a analizar los ocho primeros puntos del decálogo, y aunque la mayoría de ellos han quedado prácticamente cerrados a falta de hacer alguna concreción técnica, se ha constatado que sigue habiendo algunos desacuerdos en el punto tercero, el titulado "Hacia el fin de los desahucios en Aragón".
Begoña Leza, del equipo negociador de Podemos, ha exigido medidas de presión a los bancos que desahucian. Medidas que sí que están dentro de la legalidad, ha dicho, como vaciar las cuentas que mantiene con ellos la Diputación General de Aragón o denunciar los convenios vigentes.
Para el PSOE, parar los desahucios es un objetivo "prioritario" y un "compromiso político", según ha dicho Javier Sada, quien se ha mostrado de acuerdo en "obligar" a las entidades bancarias con medidas coercitivas, pero que sean "legales y cumplibles".
Además, Sada ha recordado que este asunto debe analizarse teniendo en cuenta la "necesidad imperiosa de financiación" que tiene la administración autonómica para acometer políticas sociales, y ha dado a entender que con determinadas medidas de presión esta financiación podría peligrar.
Por eso, ha dicho que es necesario advertir a los bancos de que su actuación debe estar acorde con las normas internacionales antidesahucios y con los derechos humanos y, si no lo hacen, tomar otras medidas "por las malas".
Leza ha considerado que "por la cuenta que les trae" y por lo que los bancos se pueden "jugar" en un "negocio que les interesa", no negarán financiación a la comunidad.
El PSOE se ha comprometido a entregar a Podemos una redacción alternativa a este punto para intentar llegar a un acuerdo, que González ha exigido que sea "concreta" y no una "mera declaración de intenciones".
El otro escollo encontrado se refiere a la petición de reducir a la mitad el número de altos cargos, asesores, directivos de empresas públicas y otros puestos asimilados.
Por el PSOE, Chema Giral ha dicho que es "difícil" concretar la reducción, en la que están de acuerdo, antes de hacer un diseño gubernamental y de fijar el número de departamentos y direcciones generales, y aunque Gonzalo González ha estimado que hay margen "más que suficiente", se ha llegado al acuerdo de que los socialistas van a hacer una "propuesta de mínimos" al respecto.
Otro de los puntos que está prácticamente cerrado es el referido a la puesta en marcha de un procedimiento de emergencia ciudadana, que Podemos ha pedido tramitar mediante un decreto ley que se apruebe "en el primer Consejo de Gobierno" del nuevo ejecutivo.
La socialista Mayte Pérez ha dicho que es "difícil" poder realizar los informes preceptivos previos antes del primer Consejo de Gobierno, y ha avanzado que quizá haya que aprobarlo en el segundo. En todo caso, es un compromiso que el PSOE también llevaba en su programa electoral y se aprobará "con inmediatez y urgencia".
El acuerdo ha sido amplio en los puntos referidos a la atención sanitaria universal -que se llevará a cabo de forma inmediata- y en la paralización de la aplicación de la Lomce, así como en la implantación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública.
También en las medidas referidas a la lucha contra la corrupción y el control del gasto público.
Ambos partidos están de acuerdo, con matices en cuanto al funcionamiento, en la creación de un observatorio público para el cumplimiento de los acuerdos.
Y coinciden en la necesidad de controlar y evaluar la eficacia de las políticas públicas. Han acordado que, entretanto se modifica la ley de la Cámara de Cuentas para "despolitizarla" -según ha dicho Sada- y ampliar sus funciones, se desarrollará la ley de Transparencia para crear una oficina antifraude, en tanto en cuanto se estudia la creación de un instituto de evaluación de las políticas públicas.
Después del encuentro, González ha explicado a los medios de comunicación que el acuerdo está "a un paso" y "al alcance", a pesar de que dentro de la reunión su compañero Lorien Jiménez ha querido dejar "claro" que aún hay "discrepancias de fondo".
Sada, por su parte, se ha mostrado optimista, porque ambas delegaciones están de acuerdo "en casi todo" y en intentar llegar al pacto "cuanto antes". "Haciendo un esfuerzo, no habrá dificultades", ha vaticinado.
