La propietaria de los suelos de Averly, Brial, tiene vía libre para derribar parte de la factoría después de que ayer el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no presentara nuevas soluciones para salvar la antigua fundición. El responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, llegó a la comisión de su área sin un acuerdo con Brial y sin los informes solicitados por la oposición. Ante la previsible falta de apoyos, Muñoz solicitó la retirada del expediente, que salió adelante con los votos a favor del PSOE, CHA y ZeC.
Mañana vence el mes de plazo que Brial dio al Gobierno de la ciudad para negociar una permuta y que no ha tenido resultados positivos. Muñoz explicó que hay dudas jurídicas sobre la posibilidad de intercambiar unos suelos por otros. Las negociaciones entre ambas partes se han centrado en tres puntos: el suelo al que transferir la edificabilidad, su valoración y los derechos ya adquiridos por la propiedad.
El primer escollo por salvar, y donde se han estancado las conversaciones, han sido los suelos. Brial solicita unos de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), cercanos a la factoría. Según Muñoz, entraña "demasiados problemas jurídicos" porque la posibilidad de la permuta dependería de un tercero. Admitió que no había terrenos alternativos que ofrecer.
Para el responsable de Urbanismo las negociaciones están desequilibradas ya que, al tener Brial la licencia de derribo, el consistorio ya no tiene fuerza para presionar, sino todo lo contrario.
SUSPENSIÓN
El expediente que se retiró ayer pretendía aprobar por segunda vez un plan especial que modifique su catalogación para proteger el 100% de sus instalaciones, en lugar de solo el 32% y ofrecer una alternativa de suelos a los propietarios. El epígrafe contenía un punto que despertó la polémica: "la suspensión de licencias previstas". De hacerlo, según el popular Pedro Navarro, el consistorio estaría "prevaricando en común". Por ello, Muñoz propuso modificar este apartado por la "suspensión de los efectos de la licencia". Se justificaría alegando un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en la catalogación de Averly, obligando a realizar una apertura de expediente con las nuevas circunstancias sobrevenidas. Eso sí, el consistorio asumiría una indemnización en concepto de coste por proyectos que, según fuentes del área de Urbanismo, oscilaría entre los 3.000 y los 4.000 euros.
Salvo CHA, que volvió a manifestar su apoyo a ZeC aunque "con líneas rojas", como precisó Leticia Crespo (CHA), la oposición se mostró muy crítica con Muñoz, a quien acusaron de "no haber hecho nada" ni durante el último año ni este mes de prórroga que se le dio al Gobierno de la ciudad para negociar. "Ha traído este expediente de nuevo para echarle la culpa al PSOE", le acusó Navarro.
La socialista Lola Ranera calificó de "tomadura de pelo y falta de respeto" que, habiendo dejado sobre la mesa un mes el documento a la espera de nuevos informes, volviera a la comisión con las manos vacías. Desde Ciudadanos, Alberto Casañal instó al concejal a que "deje de hacerse la víctima". "Por mucho que repita sus argumentos no se altera el resultado".
