Hace siete años, una pareja rumana afincada en Zaragoza viajó a Perú con el encargo de transportar cocaína desde el país andino a la capital aragonesa. Las autoridades del país andino les descubrieron con 78.000 euros en el cuerpo, permitiendo a la Guardia Civil desarticular una organización que operaba desde la ciudad. Ayer, los supuestos integrantes de esta banda, José B. B. y José Luis C. R., se sentaron en el banquillo para responder de las acusaciones que sobre ellos pesan y por las que la Fiscalía solicita siete años de cárcel, si bien prefirieron no declarar.
Quienes sí lo hicieron fueron los miembros del instituto armado que desarrollaron la investigación. Destacaron a José B. B. como el «cabeza» de la organización y el que tomaba las decisiones que transmitía a José Luis C. R. y a un tercero que ha fallecido. «Él era quien montó la infraestructura para reclutar muleros -personas que se introducen droga en el organismo para traficar con ella- y se preocupaba de todo el proceso con mucho cuidado», señaló uno de los agentes.
Era tal el celo que tenía José B. B. con el supuesto negocio ilegal que los muleros no le llegaban a poner cara ni sabían quién era. Los miembros de la Guardia Civil destacaron que las pesquisas se basaron principalmente en los pinchazos telefónicos en los que los miembros de esta organización hablaban en clave, pero que «claramente se referían a la introducción de cocaína en España para posteriormente introducirla en Aragón». «Cuando detuvieron a los dos rumanos en Perú dijeron que los encofradores se habían puesto enfermos», resaltó uno de los guardias civiles que realizaron las intervenciones telefónicas. Sin embargo, las abogadas de la defensa, Soraya Laborda y Carmen Sánchez, pidieron la absolución al impugnar la prueba porque «no hay autorización judicial para pinchar los teléfonos».
