La DGA pretende correr un tupido velo sobre los resultados del modelo de privatización que desarrolla el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Si todos los aragoneses -incluyendo a los zaragozanos que ya pagan sus depuradoras- abonamos el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) la DGA espera cubrir el pago a las empresas concesionarias e incluso indemnizarlas si no obtienen los beneficios esperados.
Pero hay todavía mucha oscuridad alrededor de dicho plan: cómo se dieron las concesiones, cuál fue el destino de los 140 millones de euros que el gobierno central aportó para construir las depuradoras del Pirineo y por qué el ICA supone más del doble de otros impuestos similares en el resto de municipios españoles de iguales características, entre otras incógnitas a resolver. Además, los resultados de esta privatización han sido desastrosos: proyectos sobredimensionados, tecnologías inapropiadas, sobrecostes, debilitamiento de la autonomía municipal por la cesión de competencias y poblaciones pagando simultáneamente el ICA sin tener depuradora y sanciones por no tenerla.
Esta situación ha motivado una contestación social organizada, sólida y rigurosa que no ha entrado por el aro del ICA presentado por el Instituto Aragonés del Agua como un tributo pretendidamente solidario y ecológico.
Parece que antes de pasar por caja habrá que poner luz sobre el plan de depuración. Habrá que evitar que quienes ya pagan por sus depuradoras (Zaragoza y Fabara) asuman otro recibo por el mismo servicio, acabar con el abuso que supone cobrar el servicio a pueblos que no tienen depuradoras, especialmente a los pueblos del Pirineo, rendir cuentas a la ciudadanía y proponer soluciones que se adapten a la realidad social, económica y medioambiental del territorio aragonés.
Esta respuesta social es una muestra más de que poco a poco nos vamos haciendo mayores en esto de la democracia.
