Aragón, y particularmente Zaragoza, estaría sobradamente preparada para el caso de que llegaran a requerirse escoltas privados para la protección de las víctimas de violencia de género de alto riesgo. Así lo asegura Diego Miranda Giménez de Azcárate, director de operaciones del grupo GEES Spain, que de hecho recuerda que «Zaragoza fue la primera ciudad de España que creó un curso de protección de víctimas de delitos violentos, en el 2004». Lo hizo «de la mano» de una veintena de instituciones, desde el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de la Mujer hasta la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Paradójicamente, el curso se exportó a otras comunidades, como el País Vasco, donde los gobiernos autonómicos sí requieren de estos servicios.
Según explica Miranda, habría efectivos de sobra, y con formación efectiva con el curso que ofrece el grupo GEES Spain. Se podrían incorporar «desde el minuto cero», pero con matices. Porque Miranda señala que hay que analizar caso por caso, por lo que considera «una osadía» propuestas como la de Podemos de calcular el valor de una escolta a tanto alzado. «Con 470.000 euros se pueden proteger no a 7 mujeres, sino a 70, depende de cómo sea el dispositivo», ejemplifica.
Análisis
Pero para ello, insiste, hay que analizar cada situación minuciosamente, y crear lo que denominan una «carpeta de seguridad» con las características, además de una «agenda de seguridad», en función de cómo evoluciona el caso. En un ejemplo sencillo, el nivel de amenaza puede aumentar de 0 a 100 si el agresor está en la cárcel o sale de permiso.
Según explica el experto, la protección de estas víctimas es a nivel general «muchísimo más facil que la de los objetivos de ETA» que estaban habituados a proteger, hasta que el Gobierno les retiró, a su juicio «prematuramente», para respaldar el mensaje de seguridad que quería ofrecer.
Los casos son más fáciles, sobre todo, porque «sabemos quién es el malo», en pocas palabras. Pero también tienen sus peculiaridades, porque la agresión suele ser «por impulso», no planificada, y la vigilancia es más «a pie de barrio», no por traslado entre organismos oficiales, como suele suceder con los políticos a los que protegían. Hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de valorar el riesgo y planificar el dispositivo correspondiente. Por ejemplo, enumera, el hecho de que el potencial agresor tenga formación en artes marciales, acceso a armas de fuego o que esté en paradero desconocido.
Para Miranda, el problema de la violencia de género es que se ha llegado a considerar «una moda», y se trata de forma errónea. Usando la metáfora de una mesa, considera que se sustenta sobre tres patas, que funcionan relativamente bien (el marco jurídico-legal, las asociaciones, aunque haya demasiadas, y la atención sanitaria), pero se ha descuidado la cuarta, la de la seguridad. La protección está lógicamente atribuída a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero «no tienen recursos suficientes».
La ley permite en cualquier ámbito que se convenie con otros recursos, privados, y este debería ser el caso, a su juicio. Pero se ha dado una imagen errónea de que los escoltas «solo protegen a los VIP», cuando no debería de ser así. «Es un problema de presupuesto, y el resultado es que se crean víctimas de primera y de segunda, depende del dinero que tengan. Es triste, pero es así», lamenta el experto en seguridad.
La contratación de escoltas ayudaría a paliar además la situación que vive el colectivo desde que el Gobierno comenzó a retirarles de la protección de los cargos políticos con el anunciado cese de la violencia de ETA. Según el escolta Manuel Jiménez Frías, hay unos 3.500 profesionales en paro, con formación en la protección de víctimas de violencia de género.
Miranda calcula que actualmente quedan en activo alrededor de un 4% de los profesionales que llegó a haber, con estudios universitarios, mientras el resto han tenido que buscarse la vida, porque «al no ser funcionarios», no se les ha podido recolocar en otros sectores. En Aragón también fueron retirados de la protección de consejeros, en favor de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional.
