Las Bases de la Política del Agua en Aragón, el documento que en la práctica supondrá la derogación del Pacto del Agua del 92, ha evitado las referencias a proyectos concretos de regulación. El texto alude a un posterior catálogo, "lo más amplio posible", de las infraestructuras necesarias, pero no entra en detalles. La ponencia de estudio que ha aprobado ya estas bases intenta impedir que se abran nuevas heridas cuando el debate afronta sus fases finales.

La Comisión del Agua de Aragón se creó hace tres años para reconducir el debate hidráulico en la comunidad, después de constatar que se habían enquistado las broncas entre el llano y la montaña y entre los partidarios y los detractores de las grandes obras de regulación. Visto el escaso cumplimiento del Pacto del 92 y la necesidad de adaptarlo a los tiempos, el nuevo órgano se planteó su revisión, para lo que creó varios grupos de trabajo (ponencias).

Uno de estos grupos se ha encargado de elaborar las Bases de la Política del Agua de Aragón, el documento que pretende establecer la nueva filosofía hidráulica y que, en realidad, supondrá una relectura del histórico Pacto. La ponencia ya ha aprobado el texto, que ahora se elevará al pleno de la Comisión del Agua y que llegará al Parlamento aragonés, para su aprobación final, después de tres meses de exposición pública.

Es el propio documento de Bases el que deja clara esa derogación del acuerdo del 92 cuando señala: "A estos efectos, el contenido del Pacto del Agua debe entenderse modificado de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases".

DIFERENTE AL PRIMER BORRADOR Pero el documento no hace referencias concretas a las obras de regulación, lo que supone una diferencia destacable respecto al primer borrador. Este último iba acompañado de un libro blanco de las Bases, en el que las apuestas por determinadas infraestructuras eran muy claras. De hecho, dicho texto fue el primero en apostar por el recrecimiento medio de Yesa y por sustituir la presa de Santaliestra por el embalse optimizado de San Salvador, propuestas que acabaron saliendo adelante.

Lo que hace ahora el documento de Bases es aludir a un catálogo que en el futuro deberá definir "las infraestructuras de regulación necesarias en cada momento", unas obras que deben permitir el almacenamiento de agua "tanto en las cabeceras (de los ríos) como dentro de las zonas regables o zonas de uso". Una tesis en la que el texto insiste al plantear que se haga "un esfuerzo por analizar nuevos embalses fuera de los ejes de los ríos".

OMISIONES Tanto es así que cuando se refiere a la apuesta por los grandes sistemas de regadío de la margen izquierda, el documento se limita a indicar que es necesaria la realización de actuaciones de regulación y consolidación de dotaciones en las cuencas del Aragón, el Gállego-Cinca y el Ésera, pero sin mencionar ni los pantanos de Yesa ni Biscarrués ni Santaliestra (el embalse de San Salvador). Lo mismo sucede con los sistemas de la margen derecha (las cuencas del Guadalope, Jalón y Matarraña).

El empeño por evitar que se reabran viejas heridas hidráulicas (las mismas que pusieron en cuestión el Pacto del 92) está detrás de esta decisión de abordar con mucho tacto las obras de regulación. Los proyectos concretos se discuten en otra de las ponencias de trabajo creadas, que se ha quedado atascada en el debate sobre Biscarrués.