Torre de las Arcas es un minúsculo pueblo de Teruel que queda oculto entre las montañas de las Cuencas Mineras y relativamente apartado de las grandes vías de comunicación. Sin embargo, pese a este camuflaje geográfico casi perfecto, no hace mucho recibió la visita de una subinspectora de Trabajo que entró directamente en su centro social, un local ubicado en los bajos del ayuntamiento.

La enviada de la capital provincial pidió los papeles del establecimiento y se interesó por el cometido que allí desempeñaba el jubilado que se ocupa de abrir y cerrar la puerta. El resultado fue inesperado: una propuesta de sanción de 10.000 euros por supuesta irregularidades en el centro social, además de la suspensión durante tres meses de la pensión que percibía el encargado.

"Estamos indignados", señaló ayer Teresa Gamarra, alcaldesa de Torre de las Arcas, que en invierno no llega a los 30 habitantes. "Han interpretado la ley de tal forma que se considera que el centro social es en realidad un bar y que el jubilado estaba allí trabajando y ganando dinero", explicó.

SOSPECHAS "Sospechamos que ha habido una denuncia por ahí, porque, si no, no se explica que una funcionaria de Trabajo venga de propio a un pueblo que cae tan a desmano", comentó la alcaldesa.

La multa está recurrida y el consistorio se plantea incluso acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para defender sus derechos frente lo que considera "una arbitrariedad de la Administración" con un pequeño municipio carente de recursos. Pero el jubilado ni siquiera ha tenido la posibilidad de impugnar el expediente y lleva ya tres meses sin cobrar su mensualidad.

"Antes esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cerrar el centro social?", se pregunta Gamarra, a sabiendas de que es casi imposible aplicar una decisión tan drástica. "Cerrar lo que consideran un bar es como cerrar el pueblo", protesta la regidora, para quien es "un auténtico escándalo que se confunda una asociación cultural con una empresa y a uno de sus socios con un trabajador ilegal".

De hecho, el centro cultural es una pieza esencial en la vida cotidiana de Torre de las Arcas. Cedido hace más de 20 años por el ayuntamiento a la Asociación San Miguel, constituye un lugar de reunión en el que se juntan los escasos vecinos de la localidad en las largas temporadas en que el pueblo está casi vacío. Sus ingresos son tan "magros", en palabras de Teresa Gamarra, que el consistorio paga la electricidad, mientras que la entidad vecinal abona el gasóleo de la calefacción y los suministros de bebida.

Por otro lado, "el jubilado que abre y cierra el mal llamado bar no percibe nada por su trabajo", aseguró la alcaldesa, que teme el efecto de la multa sobre el presupuesto municipal. "El dinero que conseguimos no procede de subvenciones de ninguna clase, solo de la venta de lotería y de la organización de fiestas", subrayó. Por eso, si la multa de 10.000 euros llegara a ratificarse, el patrimonio de Torre de las Arcas recibiría un golpe muy duro. "No puede ser que tengamos que destinar al pago de sanciones una cantidad de dinero que es imprescindible para que el consistorio eche una mano al pueblo en todo lo que necesite", dijo Gamarra.