Hace muy bien la Universidad de Zaragoza en desmarcarse de la propuesta hecha por la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que sugiere el apadrinamiento particular de los estudiantes sin rescursos. Las ayudas para defender la igualdad en la educación tienen que salir de fondos públicos y ser gestionadas con criterios de derechos, no de beneficencia. Y mucho menos personalizada. Si la iniciativa privada o los particulares quieren colaborar con la universidad hay mecanismos para ello, pero no este.
