Que la Generalitat pida el amparo del Tribunal Constitucional para evitar la devolución completa de los bienes comprados ilegalmente al Monasterio de Sijena es de una ridiculez extrema. ¡La misma semana que los partidos políticos que secundan al Gobierno catalán han desoído en el Parlament las instrucciones del Alto Tribunal, respecto de la desconexión unilateral de España! La actuación de las autoridades de la comunidad vecina en todo lo tocante a los bienes, y a la Justicia, acumula otro episodio patético. Lamentable es poco.
