La juez se apoya en los informes del Gabinete de la Policía Judicial y la Inspección de Trabajo, que apuntan a una supuesta inadecuación de las medidas de seguridad de la empresa. La juez, aunque no precisa el tipo de delito, acuerda incoar un procedimiento contra el consejero delegado de la empresa, José Porta, como imputado.
El auto ha sido recurrido por el representante legal del empresario, por los abogados de la empresa y por la letrada de la acción popular de CCOO, Carmen Biel, que solicita que continúe el procedimiento penal.
"Impugnamos la resolución judicial solicitando la ampliación a terceros responsables de la comisión de los hechos", dijo Biel que añadió que "también solicitamos que se delimitaran los delitos o delito por el que se abría la fase de juicio y que se trajeran igualmente a las aseguradoras correspondientes".
Por otra parte, desde la Coordinadora de Afectados por Harinas Porta, que desde la explosión ha tratado de impedir que la actividad de la fábrica se reanudase en las actuales instalaciones ubicadas en pleno casco urbano, su presidente, Amado Cáncer, apuntó que "por las declaraciones de algunos trabajadores y por lo que como vecinos ya sabíamos, esto era evidente, lo extraño hubiera sido una resolución en sentido contrario".
