El Gobierno aragonés autorizó ayer la formalización de cuatro contratos de concesión de obra pública para ejecutar el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés (Plan Pirineos), unas actuaciones que supondrán una inversión directa de 128 millones de euros en plantas de saneamiento más un gasto de explotación de 230 millones más. En total, 358 millones de euros que permitirán depurar las aguas en unos 62 municipios (292 núcleos urbanos) en cuatro comarcas oscenses. El objetivo es que las obras, que pagará el Estado, puedan comenzar en el primer semestre del 2009.

Este plan es fruto de un acuerdo entre el departamento de Medio Ambiente de la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por el cual este último encomienda a Aragón la ejecución de unas obras de interés general que, en realidad, son de su competencia y que están en espera desde el año 1993. Madrid paga los trabajos, pero encarga a la comunidad autónoma que los ejecute.

LICITACIÓN ESTE AÑO El proyecto se ha dividido en cuatro contratos correspondientes a las cuencas de los ríos Aragón, Gállego, Ésera y Noguera-Ribagorzana, como recordó el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, quien indicó que confía en que la licitación de los correspondientes concursos públicos puede llevarse a cabo antes de que acabe el año. El objetivo, "que las obras puedan comenzar en el primer semestre del 2007". Las obras en sí costará 128 millones; los 230 restantes servirán para asumir, durante 20 años, el pago de las explotaciones de las plantas depuradoras que se van a construir por todo el Pirineo.

Según dijo Boné, el Consejo de Gobierno también dio su aprobación definitiva a las actuaciones de sellado del vertedero de Bailín, que supondrán un gasto de unos 28 millones de euros hasta el 2012, 13 de los cuales los aporta el Gobierno central. Este año ya se han gastado cuatro millones de euros en la restauración de este vertedero.

Boné estimó que con todas estas actuaciones, entre el 2008 y el 2011 se crearán unos 7.000 empleos directos e indirectos, a una media de 2.000 por año, con lo que se cubriría una de las máximas aspiraciones actuales del Ejecutivo aragonés: contrarrestar los negativos efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo.

El consejero insistió también en la importancia política del plan, puesto que implica el desarrollo del Estatuto de Autonomía en lo que respecta a la ejecución de obras que son competencia del Estado y para las que la Administración Central transfiere los fondos correspondientes.

Además, el consejero informó de que se ha aprobado la firma de un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino para la restauración hidrológica forestal, para lo que el Estado aporta cinco millones de euros.