El nuevo estallido de corrupción, delante de las narices de los aragoneses, en Plaza, ha puesto de relieve que el mal se extiende y habita y palpita entre nosotros. Con el escándalo de La Muela regida por la alcaldesa Pinilla y unos cuantos más lastrando nuestra memoria reciente, ya no estamos limpios para tirar la primera piedra. Aunque, ¿quién lo está?
Resulta obvio que la causa de todos estos delitos, presuntos o probados, no es otra que la atracción del dinero fácil, que unas veces va a los partidos y otras a los bolsillos particulares. El caso es que las grandes obras e inversiones parecen abonadas a la odiosa práctica del amiguismo, la información privilegiada y la comisión ilícita. Al sobre y al maletín.
Años después, cuando muchas de esas faltas han prescrito o están a punto de caducar, surge la denuncia de alguna garganta profunda y se pone en marcha la maquinaria judicial.
Investigaciones que, como en una película de detectives, se desarrollarán ante los ojos del espectador como el argumento de un juicio, con la diferencia de que, en la realidad, éste no llega, se aplaza, demora, parece que nunca vaya a celebrarse.
Mientras, aparecen nuevos testigos y la prensa juzga. Con suerte, un político o un banquero ingresan en prisión.
¿Y en cuanto a las penas? Media docena ha escarmentado por todos, pero muchos han salido, andan sueltos, moralizando, incluso, y maquinando cómo reincidir sin que esta vez los pillen.
La gente, más que harta, se pregunta: ¿por qué no se agravan las condenas en el Código Penal?
La respuesta podría ser la misma que si preguntásemos por qué no se regula de una vez la financiación de los partidos políticos, por qué no se establecen severas normas para su contabilidad, para sus fundaciones y patronatos, ingresos y donaciones.
La respuesta es muy sencilla; porque a los grandes partidos no les interesa.
¿Y por qué no les interesa? Porque a nadie le interesa perjudicar sus intereses, y los intereses de los partidos son, precisamente, ésos, ocultar sus verdaderas finanzas para maquillar la procedencia de las mismas, en su mayor parte procedentes de empresas que concursan y obtienen suculentas contrataciones públicas.
¿Solución? Una reforma legal. ¿Hay voluntad política? Lo dudo.
