Los 'papeles' de Plaza

Un diputado de la oposición se acercó al quinto escaño del banco azul de las Cortes y se dirigió a su ocupante, el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, para explicarle que alguien le había hecho saber de la existencia de un material altamente sensible: decenas de miles de papeles con información interna de la plataforma logística de los que, según ese informante, se desprendía la existencia de graves delitos cometidos en lo que, según su versión, había sido un sistemático saqueo de la empresa pública prácticamente desde sus inicios.

El diputado prefiere mantenerse en el anonimato. "Hice lo que tenía que hacer ética y moralmente, canalizar esa información". La respuesta de Alarcón, no obstante, le sorprendió.

El consejero, política y mediáticamente baqueteado en los últimos meses a cuenta de los pleitos con la UTE --Plaza terminó condenada a pagar 14 millones de euros en un pleito en el que se negaba a desembolsar once al sostener que le habían birlado 55--, le contestó, desganado, que estaba harto del asunto y le recomendó que pusiera a la garganta profunda en contacto con su gabinete. El parlamentario lo hizo y se olvidó del tema.

El confidente se entrevistó con los responsables del departamento, que se quedaron boquiabiertos al conocer el contenido de los papeles: facturas presuntamente falsas, supuestos pagos sin justificación, aparentes chanchullos en adjudicaciones, indicios de derroche, costosos favores, lujosos gastos y una retahíla de tropelías --en ocasiones con olor a nepotismo-- que, en una primera valoración, apuntaban a la posible existencia de un agujero de 50 millones de euros.

No obstante, algunas fuentes apuntan a que pudo haber un primer contacto en mayo. Otras aluden --en el Pignatelli nadie les da crédito-- a que la clave del asunto sigue estando en un informe pericial elaborado por Eduardo Ruiz de Temiño para un pleito de la jurisdicción civil que valoraba en 55 millones de euros el desfase en las obras de urbanización de Plaza. Y algunos medios políticos cuentan que un alto cargo orgánico del PSOE y otro del PP, ambos de la provincia de Zaragoza, ni siquiera quisieron escuchar al confidente cuando este intento hacerles llegar los papeles.

La información fue analizada por los Servicios Jurídicos de la DGA, que emitieron un informe que concluía que debían ser denunciados ante los tribunales. El gerente de Plaza, Jesús Andreu, consultó el tema con su hermano Fernando, juez central de Instrucción en la Audiencia Nacional, cuyo criterio coincidió con el de los letrados del Pignatelli.

El propio Jesús Andreu se personó en la Fiscalía Anticorrupción para presentar la denuncia, cuya investigación ordenó Antonio Salinas a dos de los pata negra de la casa, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, especialistas en delitos económicos y crimen organizado bregados en asuntos como la mafia china de Gao Ping, las actividades del capo ruso Kalashov o la presencia de los tentáculos de la camorra napolitana en España.

Los fiscales iniciaron un sigiloso trabajo en el que la UDEF, la Unidad de Delincuencia Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, comenzó a rastrear las abundantes pistas aportadas por Andreu. Mientras, Grinda y Rosa tomaban declaración a varios testigos, algunos de los cuales les aportaron abundante información como un pen drive con copias de 7.000 documentos y facturas supuestamente falsas. Uno de los testimonios que recogieron fue el de Chabier Mayayo, delegado sindical de Acciona y concejal en Lobera d'Onsella.

El click del temporizador del caso Plaza sonó estrepitosamente para la opinión pública el pasado 14 de agosto, con el país adormecido en vísperas del puente más festivo del año y con los medios de comunicación volcados en la declaración de Dolores de Cospedal en el caso Bárcenas, la crisis de Egipto y el fichaje del futbolista Gareth Bale.

El día anterior, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado once órdenes de registro: las casas de los tres sospechosos que iba a detener, las viviendas en las que algunos de ellos y sus familiares veraneaban, la sede zaragozana de Acciona --dueña del 70% de la UTE que urbanizó Plaza-- y las casetas de obra que la unión de empresas tiene instaladas en Arcosur, donde almacenaba la mayor parte de la documentación referente a las obras de la plataforma logística zaragozana. Se llevaron 40 cajas repletas de papeles en cuyo análisis se centra ahora el grueso de su trabajo.

También hallaron 415.000 euros en efectivo ocultos bajo un colchón en un domicilio de un miembro de la familia Becerril.

La Policía había reunido una precisa información que hizo que, en algunos casos, los agentes entraran a registrar algunas casetas con croquis que indicaban en qué estantes de qué armarios o cajones se encontraban las carpetas de mayor interés para la operación.

El 14 de agosto, en una operación que dejó en estado de shocka la clase empresarial y política de la comunidad y al borde del infarto a los medios de comunicación, la Policía detenía al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; al todavía director técnico del complejo logístico --sería despedido en unos días--, Miguel Ángel Pérez, y a Nico Groeneveld, ejecutivo holandés de Intecsa, la consultora contratada para vigilar la ejecución de las obras de urbanización.

Dos días más tarde, el magistrado Rafael Lasala desestimaba las peticiones de ingreso en prisión que Grinda formuló para todos ellos --imputados por malversación, falsedad, cohecho y blanqueo, según el caso--, aunque les impuso fuertes medidas cautelares. García Becerril debe personarse todos los lunes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, encargado de la investigación.

Según fuentes jurídicas, la decisión del juez respondía, en el fondo, a una cuestión de intendencia. La Fiscalía Anticorrupción decidió desatar la redada en vísperas del puente festivo al disponer de una información que apuntaba a un próximo desmantelamiento de la zona de las casetas en el que existía el riesgo de que algún papel pudiera perderse. La celeridad con la que se vieron obligados a actuar hizo que Grinda y Rosa no hubieran podido preparar un informe para entregar en el juzgado de guardia con los detenidos. Al magistrado solo pudieron darle una copia de la denuncia inicial. Algo que, junto con el atestado policial, no poseía suficiente entidad incriminatoria como para meter a alguien entre rejas.

Unos días más tarde declararían como imputados los dos exgerentes de la UTE, José María Jordán --destinado a Brasil al poco de trascender, en el 2010, sus contactos con el empresario muelano Carmelo Aured, que en un mes debe ingresar en prisión por fraude fiscal-- y Miguel Ángel Bretón, con plaza en Colombia. Ambos, naturales de Fuentesclaras y miembros de la misma cuadrilla, son empleados de Acciona.

Quedarían en libertad provisional con la obligación de personarse cada lunes en el juzgado, que les retuvo sus pasaportes. Mañana tienen previsto depositar, en avales emitidos por Acciona, las fianzas de ocho y dos millones de euros --le han quitado el récord a la exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, que tiene depositados 800.000 euros-- que el juez les impuso para que puedan recuperarlos y reincorporarse a sus puestos de trabajo.

El juez José Ignacio Martínez, de quien sus compañeros de carrera destacan su capacidad de trabajo y su buena formación jurídica, se hizo cargo de las diligencias el pasado 9 de septiembre, tras finalizar sus vacaciones y asistir a un cursillo de formación. Sigiloso y efectivo, ha comenzado a sumergirse en la compleja causa, en la que también siguen trabajando la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción.

De hecho la Policía localizó hace unos días en un banco depósitos y fondos por valor de 900.000 euros a favor de García Becerril, que unas semanas antes justificaba la posesión del dinero en efectivo por temor a un corralito.

El caso Plaza volverá a centrar la actualidad política el próximo jueves, cuando las Cortes de Aragón debatan una proposición no de ley en la que IU quiere instar a la DGA --personada como acusación en la causa judicial, lo mismo que Plaza y el Ayuntamiento de Zaragoza-- a que pida una comisión de investigación.