El pleno de Zaragoza dejó ayer al PP solo en su pelea por impedir que se elabore una ordenanza que regule la actividad de las asociaciones pro cannabis, que derivó en críticas de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE, Ciudadanos (C’s) y CHA a sus «prejuicios» y sus intentos por «censurar» un consumo que, por ley, ya prohíbe el consumo en la vía pública, la tenencia y la distribución. Pero no la existencia de asociaciones que agrupe a personas que consumen en un espacio privado, fuera del alcance de los menores y, en algunos casos, con fines terapéuticos.

Se trata, le explicaron al conservador Pedro Navarro, de fijar una normativa local que establezca requisitos de obligado cumplimiento como las distancias mínimas respecto a centros educativos, la concentración de locales similares y otros requisitos.

Pero Navarro replicó que esto se debe a un «trato de favor» del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, a «sus clientes», porque algunos de estos colectivos fueron defendidos por él como abogado y ahora se atiende su petición en tiempo récord.