Dictamen pide intensificar el control sobre contratos en planes de depuración

Estos catorce puntos han sido aprobados por unanimidad este jueves en el pleno de las Cortes, pero se han incorporado hasta 81 votos particulares de los grupos.

En el texto que sí ha cosechado la unanimidad destaca la recomendación de reforzar los mecanismos de seguimiento de la ejecución de los nuevos planes de depuración que se urge llevar a cabo en el menor tiempo posible para cumplir las directivas europeas, así como intensificar los análisis periódicos que permitan prever cambios de coyuntura o de circunstancias financieras o de mercado.

La comisión recomienda el "estricto cumplimiento" de las fórmulas de control interno o externo existentes y reforzar los medios personales o materiales si fuera preciso, así como estudiar el establecimiento de posibles controles adicionales en actuaciones de una determinada envergadura y de trámites de control específicos sobre actuaciones del Instituto Aragonés del Agua.

Otra de las recomendaciones pasa por exigir el estricto cumplimiento de la normativa en materia de contratación del sector público y el adecuado control de la ejecución de los contratos una vez adjudicados.

Además de exigir al Gobierno de Aragón "compromisos y plazos concretos" para culminar las depuradoras pendientes, el dictamen señala que desde 2001 se ha producido un desarrollo tecnológico importante en materia de depuración que permite plantear alternativas a la depuración convencional, ante las que los municipios, se agrega, deberían tener mayor capacidad de decisión.

Eso pasa, también, por definir de forma precisa los criterios para determinar los habitantes equivalentes de cada población y garantizar que las inversiones "guardan coherencia" entre las necesidades y las tecnologías finalmente elegidas.

Respecto a los contratos de obras en vigor, se apunta que debe estudiarse individualizadamente cada uno para definir su situación actual y las posibles alternativas de gestión.

El Grupo de Podemos, el más crítico con el plan de depuración, en sus votos particulares, que no han sido aprobados, sí que apunta directamente a la responsabilidad del exconsejero Alfredo Boné, del PAR, de quien dice que es el artífice de que el convenio que firmó la administración autonómica con el Estado en 2008 para la depuración del Pirineo se redactara de tal forma que se acabaron destinando fondos a otros fines y se pudo acudir al sistema concesional.

Fondos que, agrega Podemos, se distribuyeron a entidades locales sin bases ni convocatorias, "incluso sin solicitudes oficiales", beneficiando "de manera preferente" a los municipios gobernados por el PAR.

Respecto al modelo concesional elegido para las depuradoras, creen que obedeció a un interés "alejado de cualquier decisión técnica", pero además añaden que las instituciones no fueron eficaces a la hora de defender el interés público ante estas empresas, que pidieron hasta 55 prórrogas de los contratos "con todo tipo de justificaciones".

Podemos también duda de la "limpieza" de los procesos de contratación de las grandes concesiones, empresa con "antecedentes" tales como haber estado implicadas en los casos de corrupción de Gürtel, Plaza, el Canal de Isabel II o el 3 % catalán.

Sí que ha aprobado la comisión votos particulares de otros grupos, como el PP, que sostiene en uno de ellos que la principal causa de la falta de ejecución de las obras del Pirineo ha sido "la falta de acceso a la financiación por la fuerte crisis económica", algo en lo que coincide el PSOE, que defiende que el modelo concesional "permitió abordar una gran cantidad de obras simultáneamente y en poco tiempo" y, a pesar de la apariencia de un coste mayor, suponía que las empresas "asumían la parte de gasto financiero y la trasmisión de riesgos".

El PAR, por su parte, ha defendido en sus votos particulares que "en ningún caso se ha evidenciado ningún tipo de ilegalidad o irregularidad, habiendo actuado en todo momento de acuerdo con lo que la legislación y la normativa vigente establece".

Justifican los aragonesistas que se eligió el modelo concesional "con el objetivo de que no computase como deuda pública y que se trasladaran a las concesionarias los riesgos de construcción, demanda y disponibilidad", pero reconoce que no dio sus frutos , especialmente en el Plan Pirineos, por "la dificultad de las concesionarias para acceder a la financiación en los mercados".

Al contrario que Podemos, el PAR niega el desvío de fondos del convenio con el ministerio, que incluía, alegan, la posibilidad de destinar parte del dinero a otras obras del ciclo del agua.