Los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña han solicitado al titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barbastro que suspenda el juicio interpuesto para reclamar la devolución de 111 piezas depositadas en el Museo de Lérida, a falta de trece días para su inicio.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la representación del Gobierno catalán alega no haber tenido conocimiento del pleito a pesar de ostentar las competencias sobre la colección del museo leridano, por lo que advierte de la posibilidad de vulneración de su derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

"De no ser escuchada esta parte supondría una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución sobre tutela judicial efectiva", subraya el letrado de la Generalitat, Xavier Muñoz, quien reclama no sólo suspender la vista sino retrotraer la causa a sus inicios para poder plantear su estrategia procesal.

El escrito presentado al juzgado altoaragonés, que ha dado diez días de plazo a la Generalitat para la subsanación de los defectos de forma de la petición, no ha causado sorpresa entre los representantes legales del Obispado de Barbastro-Monzón en el litigio al entender que responde a una estrategia de dilación.

Según uno de los colaboradores del equipo jurídico que lidera el letrado Joaquín Guerrero, Jorge Español, "sorprendentemente la Generalitat aparece siempre cuando menos se la espera, y después de llevar un año en marcha este pleito, con enorme eco mediático, lo hace días antes de iniciarse el juicio alegando desconocimiento".

El letrado de la Generalitat se refiere a la existencia de recursos y de sentencias que rechazan la anulación tanto de la catalogación catalana de las piezas (mayo de 1999) como de su consideración como colección indivisible (abril 2006) para justificar su petición.

Español ha recordado que esta cuestión ya fue dilucidada por el Tribunal Supremo en una sentencia que argumentaba que la catalogación de este fondo depositado por el Obispado de Lérida en el museo de la localidad "no tiene efectos jurídicos frente a los propietarios legítimos de otras comunidades".

El letrado se refiere también a la petición subsidiaria del letrado de la Generalitat para ser considerado parte coadyuvante del Consorcio del Museo de Lérida, parte demandada junto a la diócesis catalana, en el caso de no ser admitida su petición de suspensión para su personación como parte afectada.

Español descarta la posibilidad de que prospere esta petición al entender que ante el hecho de que la consejera catalana de Cultura presida el referido consorcio y de que el litigio haya tenido un amplio eco mediático no se puede alegar "desconocimiento".

A su juicio, "si la Generalitat no ha comparecido antes, no es porque no conociera la pendencia de este asunto, como pretende, sino que ha comparecido ahora con calculada estrategia para entorpecer y dilatar al máximo la previsible victoria aragonesa en el litigio".