El Servicio Aragonés de Salud (Salud) dispuso en 2017 de un presupuesto infradotado, lo que significó que al acabar el año el organismo tuviera facturas pendientes de imputar por 37 millones de euros, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas hecho público este viernes.
El presupuesto del Salud, según el organismo, se elaboró sin ajustarse plenamente al texto refundido de la ley de Hacienda de Aragón, que dispone que el presupuesto debe de incluir la totalidad de ingresos y gastos. En 2017 los créditos iniciales fueron de 1.775 millones de euros, y las obligaciones reconocidas de 1.897, superando los créditos aprobados inicialmente en 122.
Pero a lo largo del ejercicio se realizaron 26 expedientes de modificación que incrementaron el presupuesto en 138 millones pero que no fueron suficientes para cubrir completamente las necesidades reales, compuestas por los gastos pendientes de ejercicios anteriores y los propios de 2017.
Por lo tanto, a 31 de diciembre de 2017 quedaron pendientes 37,4 millones de euros en operaciones reconocidas en la cuenta 409 (acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto).
El saldo de la citada cuenta 409 era a finales de 2017 de 64,95 millones de euros, de los que 27,5 correspondían a la deuda pendiente con las farmacias por los medicamentos dispensados en diciembre, cuyo pago, según la normativa, debe de hacerse en enero de 2018.
El informe de la Cámara de Cuentas también indica que como consecuencia directa de la "recurrente insuficiencia presupuestaria del Salud en ejercicios anteriores", que impide la gestión actualizada de las obligaciones y los pagos, el organismo tuvo que afrontar en 2017 unos gastos financieros de 15,6 millones de euros en concepto de intereses de demora por el retraso en el pago de productos farmacéuticos y sanitarios.
El Salud, además, ha incumplido los procedimientos de contratación por 198,6 millones, de los que 182 corresponden a productos de farmacia hospitalaria y 16,6 a implantes, que se hicieron "sin procedimiento alguno".
Aunque a este respecto considera que el mercado de estos productos tiene peculiaridades por su "carácter dinámico", por el precio máximo de adquisición y por el carácter exclusivo de algunos de ellos, en los que no es posible la concurrencia, precisa que esto no es óbice para que el Salud "cumpla con las exigencias y el resto de trámites" que la ley establece.
La Cámara de Cuentas, además, ha constatado que hay un número elevado de contratos menores con el mismo objeto contractual, sobre todo en el caso de pruebas clínicas, y por eso sugiere que se realicen compras centralizadas.
También evidencia un defecto de coordinación entre los servicios centrales y los sectores sanitarios que se traduce en la falta de un inventario único, en diferentes criterios de gestión de las existencias de farmacia y en diferentes tarifas por los mismos servicios.
En cuanto al personal, la Cámara de Cuentas echa en falta una instrucción general que garantice el mismo criterio en el pago de las retribuciones al personal, ya que el Salud tiene hasta 251 conceptos de nómina diferentes para sus 32.211 efectivos.
Por todo ello, emite nueve recomendaciones, la primera la necesidad de elaborar un presupuesto "acorde a las necesidades reales de gasto", partiendo de una "evaluación previa y exacta del coste de los contratos de gestión".
También implementar instrucciones de coordinación entre los servicios centrales del Salud y sus sectores sanitarios; separar la clasificación de los gastos entre los de Primaria y los de Especializada; tramitar las compras de productos de farmacia hospitalaria e implantes de acuerdo con los procedimientos previstos, y adaptar los procedimientos de adjudicación de contratos menores a la nueva ley de contratos del sector público.
