Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una persona dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en Zaragoza a las que les imponía una deuda de 3.000 a 5.000 euros por el viaje a España que debían satisfacer atendiendo clientes de este tipo de servicios. Con esta operación se ha conseguido liberar a cinco víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Las investigación se inició a finales del año pasado y, fruto de la misma, se obtuvieron una serie de informaciones que apuntaban a una mujer como sospechosa de ser la encargada de varios pisos en los que se explotaba sexualmente a jóvenes extranjeras en situación irregular y que por lo tanto eran víctimas especialmente vulnerables.

Desde el momento inicial del conocimiento de estos hechos, agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación. Pronto se dieron cuenta de que se trataba de una mujer a la que ya se había detenido tres años atrás por hechos similares. En aquella ocasión, cuatro víctimas de trata de seres humanos fueron liberadas en Zaragoza. En ese caso, además de a prostituirse, se las obligaba a consumir y suministrar sustancias estupefacientes como cocaína a los clientes. La investigación actual se vio dificultada por la experiencia adquirida y las medidas adoptadas por esta mujer para no ser nuevamente descubierta por la Policía. La sospechosa se encargaba de facilitar los medios de viaje a España de las extranjeras que buscaban una vida mejor en nuestro país.

Ella era la encargada de gestionar sus anuncios ofreciendo servicios sexuales en páginas especializadas de internet, se encargaba del contacto con los clientes, imponía horarios, ciertas condiciones de trabajo y los precios que debían cobrar. Las investigaciones también han permitido constatar que estaba explotando simultáneamente a cinco mujeres extranjeras que no solo ejercían en Zaragoza, sino que también las trasladaba a provincias limítrofes. Fruto de la colaboración con distintas oenegés que se dedican a asistir a este tipo de mujeres, se pudo averiguar que la principal investigada era beneficiaria de recursos sociales, que inmediatamente le han sido retirados.