Con mayo comienza la partida clave para el futuro del sector agrario en Aragón. El inminente cierre del acuerdo europeo por la PAC (Política Agraria Común) abrirá un plazo en la que cada Estado miembro deberá presentar su propio Plan Estratégico con el que active el desarrollo de las millonarias ayudas dentro de la nueva regulación europea, que pretende construir una agricultura y ganadería más sostenible y verde ante el reto del progreso justo y equitativo de las sociedades rurales.
En este marco se han producido las tractoradas convocadas por los sindicatos UAGA y UPA en Aragón y que tendrán su epicentro el próximo jueves con la manifestación final en Zaragoza, tras las vividas en Huesca y Teruel. A la reivindicación bajo el lema Por una PAC profesional y justa no se han sumado otras asociaciones como Asaja y Araga, como sí ocurrió en las protestas programadas en marzo del 2020 previas al inicio del confinamiento.
Estas concentraciones quieren ser una medida más de presión ante las negociaciones que debe afrontar el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para concretar el Plan Estratégico que module la PAC en España. Este acuerdo deberá ser aceptado en el primer trimestre del 2022 y puesto en marcha en el mismo periodo del año siguiente. Esta reforma de la PAC sustituirá a la anterior, prorrogada en 2020 y 2021 en un periodo de transición, estará activa hasta el 2027 y contará con una financiación europea de 387.000 millones de euros. Aragón percibió en el 2020 una cantidad de 450 millones de euros, que será la referencia en el próximo reparto, entre unos 35.000 beneficiarios.
Modelo familiar
La pretensión de los sindicatos no se trata tanto de una lucha del reparto económico entre territorios, sino corregir los desfases históricos de la PAC y potenciar la figura del agricultor profesional, es decir, aquel que se dedica en exclusiva a esta actividad, vinculado a un modelo familiar con raíces y ligado al mundo rural, siendo motor de su supervivencia. Este perfil se confronta con los inversores que tienen en el campo un activo más en su estructura de negocio. El límite actual para acceder a estas primas impone un 20% (agricultor activo) de los ingresos totales.
Otra de las reivindicaciones sostiene la reducción de las regiones productivas asignadas en las anteriores PAC, que han supuesto un desequilibrio entre distintos tipos de cultivos y zonas. La propuesta es reducir de los 50 estratos actuales a un listado básico, como ocurre en la mayoría de países europeos, bajo la premisa de «a mismo trabajo y misma superficie, misma ayuda», según las palabras de José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón. Esta situación se enquista en la permanencia de derechos históricos adquiridos en los primeros tramos de la PAC hace veinte años, cuya herencia genera grandes desfases en las cuotas y está provocando la inmovilidad de la propiedad de tierra, impidiendo la llegada de nuevos agricultores, una de las líneas de accione expuestas en los objetivos dirigidos desde Europa. «Sólo el 0’6% de los receptores es menor de 25 años. Es un dato que debemos cambiar», explica José María Alcubierre, secretario general de UAGA Aragón. La eliminación de esos derechos históricos es una de las exigencias esenciales.
La nueva PAC asigna pagos directos. Estos serían las ayudas redistributivas cuya finalidad revertiría en explotaciones profesionales de tamaño medio y carácter familiar ante el gasto que deben afrontar para mejorar su tecnología y ser más sostenibles y competitivas. La propuesta de los dos sindicatos alude también al pago de ayudas acopladas por número de cabezas y no por hectáreas a la ganadería extensiva de zonas de montaña. Su vulnerabilidad e impacto positivo sobre el medio ambiente defiende una discriminación positiva en este colectivo
