La Comisión de Hacienda ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno de Aragón a que, a su vez, inste al Central a impulsar las modificaciones legislativas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para ajustar la normativa fiscal de la fiducia aragonesa a la regulación estatal.

En la iniciativa se especifica que la fiducia sucesoria aragonesa es una figura jurídica propia del derecho foral aragonés por la que una persona, el fiduciario o comitente, puede nombrar a una o varias personas, denominados fiduciarios, para que, después de la muerte del causante, ordenen su sucesión.

El origen de la fiducia, datado en el siglo XII, está muy vinculado al de la 'casa aragonesa' y a la necesidad de conservar indivisos los pequeños patrimonios rurales, para evitar que su división condujese a su desaparición y de esta manera mantener el patrimonio familiar generación tras generación.

En defensa de la iniciativa, Carmen Susín (PP) ha explicado que la fiducia aragonesa es “una figura íntimamente ligada al derecho sucesorio aragonés” que, debido a su regulación tributaria, “corre el riesgo de que deje de utilizarse”. La parlamentaria popular ha defendido que “nuestro deber luchar por la permanencia de nuestras instituciones”, puesto que en las normativas estatales no se tienen muy en cuenta “las peculiaridades de los derechos forales”.

Desde el PSOE, Óscar Galeano ha considerado muy positiva la iniciativa porque es “un buen principio para configurar un escenario de mayor certeza jurídica”, una propuesta “oportuna” para “ofrecer seguridad jurídica a nuestros ciudadanos”; mientras José Luis Saz (Cs) ha explicado que la fiducia aragonesa tiene una particularidad: “Hay una herencia pero no hay herederos, por lo que no se genera la figura del sujeto pasivo a efectos tributarios”. Además, ha puesto el foco en que “el tema no es tanto que se grave o no a quien no ha recibido la herencia, sino que no hay competencias por parte de la comunidad para regularlo”.

Desde Podemos, Marta Prades ha incidido en que “el procedimiento para liquidar herencias mediante fiducia está pendiente de modificación” y ha solicitado realizar “cambios normativos en los próximos meses”. Carmen Martínez (CHA) ha recordado que fiducia significa “confianza”, a la vez que ha asegurado que esta cuestión está “pendiente de resolver por la administración central”. David Arranz (Vox) ha considerado importante que la legislación respete “la figura de la fiducia aragonesa” y ha solicitado protegerla ante la regulación estatal, porque es “una figura querida y utilizada frecuentemente”. Jesús Guerrero (PAR) ha incidido en “defender el derecho foral, nuestro legado y nuestra historia” para “asumir el compromiso de regular fiscalmente” la institución de la fiducia aragonesa.

El portavoz del PAR ha dicho que la fiducia aragonesa tiene que ser reconocida y el Gobierno de la nación "debe dejar de actuar con exceso de celo y desconocimiento del Derecho Foral Aragonés" y ha señalado que “apoya y apoyará” cualquier iniciativa que sirva para poner en marcha la fiducia aragonesa “impulsada y reivindicada” por el Partido Aragonés.

Así las cosas, Jesús Guerrero reivindica la fiducia que reconoce como una figura tradicional del Derecho Sucesorio aragonés y que merece ser objeto de protección, “tanto en lo jurídico como en lo tributario”. El portavoz del PAR lamenta que, a fecha de hoy, los aragoneses y aragonesas "estén pagando por una herencia antes de recibirla y eso no es justo".

Guerrero ha concluido recordando que en marzo de 2017 el PAR presentó una PNL con esta propuesta de reforma de la fiducia, reivindicando la vigencia del Derecho foral aragonés.  “No nos parece justo ni ético obligar a pagar a los herederos por algo que no han recibido”.