La médica Concha Revilla, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, está al frente de la recién estrenada Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en Aragón. Desde octubre de 2020 es, además, la jefa de Servicio de la Dirección General de Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad.

-Hace poco más de una semana que la eutanasia es un derecho reconocido en España. ¿Aragón ha iniciado ya el trámite de algún paciente que la haya pedido?

-No tengo conocimiento de ningún caso, pero sí sabemos que había gente que esperaba esta ley y quizás se lo estará pensado. Quizás sí haya habido alguna solicitud, pero ese trámite se inicia con el médico y puede pasar un mes hasta que llegue a la comisión. 

-¿Qué le lleva a usted a ocupar esta presidencia?

-Siempre he trabajado en la dirección de Derechos y Garantías, antes de ser jefa de servicio, como funcionaria de carrera. En esta dirección llevamos la coordinación de la regulación de la eutanasia a nivel autonómico y la ley indica que la comisión debe ser ocupada por un jefe de servicio. Es ahí donde entra mi perfil.

-Ustedes tendrán la última palabra de si ese derecho a morir se concede o no. ¿Cómo afronta esa cuestión?

-Es una decisión muy difícil y la gente no puede ni debe pensar que esto es café para todos. Debe haber procesos irreversibles, que serán valorados muy a fondo antes de garantizar ese derecho. La ley es muy garantista.

«Hay una parte de la sociedad a la que le va a costar, pero creo que la mayoría es partidaria»

-¿Conoce a pacientes que vayan a pedir la eutanasia?

-No, pero sé de casos por gente cerca que se lo han planteado y si yo me viera en esa situación, me lo plantearía.

-¿Cree que estamos preparados como sociedad para hablar de muerte y afrontar esta situación?

-Creo que como sociedad sí, porque España no es el primer país donde se regula. Hay algunos otros europeos que llevan 20 años con la eutanasia. Ha habido una gran demanda social en relación a este tema y como consecuencia de ella se ha logrado este derecho. Hay una parte de la sociedad que no lo admite o que le va a costar, pero creo que la mayor parte es partidaria.

-¿Esta ley tenía que haber llegado antes?

-Sí, me hubiera gustado.

-Sin duda ha influido la política y la ideología.

-Por supuesto que es una norma en la que ha influido mucho la política. Ha llegado cuando ha habido un consenso político y este ha sido el mejor momento, así que bienvenido sea.

-Muchos de los críticos temen que esto puede ser, vulgarmente dicho, una barra libre, pero el proceso es muy exhaustivo y siempre con los cuidados paliativos valorados antes.

-Es exhaustivo y garantista, porque hay un médico responsable y si se cumplen los requisitos se pasa a un médico consultor. En última instancia, llegaría a la comisión. En ella estamos médicos y juristas y la ley recoge los criterios de manera muy clara. Habrá casos que no entrarán y otros que sí, pero que se habrán comprobado mínimo tres veces. Si hay discrepancias, en la comisión hay un grupo de profesionales competentes para emitir un dictamen objetivo.

«Da igual que se viva en el último pueblo del Pirineo. El derecho es igual para todos"

-Todavía no tienen el registro de objetores.

-Los trámites me encantaría que estuvieran lo antes de posible. Se están registrando y recibiendo las declaraciones de los objetores que, aunque no haya un registro oficial, se tienen en cuenta.

-¿Cree que habrá muchos profesionales objetores en Aragón?

-No sé lo que puede suceder. Algunas encuestas realizadas desde el comité de ética señalaban que los profesionales que estaban a favor de la eutanasia eran muchos.

-¿Y cree serán muchos los aragoneses que van a solicitar la eutanasia?

-No lo sabemos. Sé que han salido estimaciones que hablan de un centenar de personas en Aragón, pero que se han hecho teniendo en cuenta la experiencia de países como Holanda, que lleva 20 años con la eutanasia y que no tienen nada que ver con Aragón. Los supuestos se han ido ampliando y la sociedad evoluciona, aceptando nuevos cambios. La sociedad holandesa no se parece a la española. Tengamos 100 o 40 pacientes, para nosotros será un éxito poder iniciar los trámites para otorgar este derecho si está fundamentado y cumple los requisitos.

-¿La ley llegará en las mismas condiciones al medio rural de Aragón que al urbano?

-Sí, da igual que se viva el último pueblo de la montaña del Pirineo porque tendrá un médico responsable a través del cual pedir el proceso. La eutanasia es para todo ciudadano español y se debe administrar en las mismas condiciones en cada caso. Si los profesionales o la comisión de garantías deben desplazarse, lo harán.

-Lo que hizo Ángel Fernández con su mujer no está permitido. La ayuda de los familiares a morir está penalizada.

-Eso no está contemplado. La ley permite un contacto eutanásico, pero médico y sanitario. Tiene que aplicarle un profesional o bien el paciente se lo autoadministra, bajo supervisión médica.

-¿Qué mensaje le lanza a la sociedad respecto a este tema?

Qué confíen en la profesionalidad de los sanitarios que emitan los informes. Para los miembros de la comisión esto es un reto. No van a cobrar por su trabajo, es algo altruista, y no sabemos lo que viene. Hay un esfuerzo personal importante de gente comprometida que queremos garantizar los derechos del usuario