Los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas se están extendiendo desde hace algún tiempo por todo Aragón y provocan reacciones encontradas en los habitantes de la comunidad, tanto a favor como en contra. Para unos, los molinos de viento y las placas solares son "vectores de desarrollo", como dice Víctor Chueca, alcalde de Magallón, donde los aerogeneradores se han multiplicado en los últimos seis años, hasta el punto de modificar el panorama que divisan los vecinos desde sus casas.
En su opinión, "no cabe duda de que generan economía y empleo". Y afirma que en su término municipal los modernos molinos "han creado 20 puestos de trabajo cualificados", un adjetivo en el que hace un especial hincapié.
Para otros, en cambio, estas instalaciones, referencia visual del cambio de modelo energético, constituyen una amenaza a las formas de vida consolidadas en el mundo rural, desde la agricultura a la ganadería, pasando por el turismo. «La explotación industrial de paneles solares se cargará el paisaje y las mejores tierras agrícolas del Pirineo», advierte Carlos Avellana, responsable de la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida en el Pirineo, que agrupa a distintos territorios del norte de Huesca, desde Jaca y Sabiñánigo a La Fueva y la Ribagorza.
Cogidos en medio de estos dos bandos, los ecologistas, que abogan por las energías sostenibles, apuestan por que la administración autonómica, a través del Inaga, "revise a fondo" todos y cada uno de los 470 parques, con más de 11.000 megavatios en total, que en mayo pasado aguardaban autorización oficial y se encuentran en distintas fases de tramitación. "El objetivo es que solo se lleven a cabo los que cumplen la legislación medioambiental y respetan las zonas naturales protegidas", en palabras de Luis Tirado, de SEO/BirdLife, que ha constatado que «muchos de los proyectos adolecen de baja calidad, por lo que irán a los tribunales y es imposible que salgan adelante». "Ni siquiera los montes de Torrero, a las puertas de Zaragoza, se libran del peligro pese a estar protegidos tras la decisión de un pleno municipal", señala.
Los planes para explotar centrales eólicas y solares abarcan casi todo el territorio aragonés. «En Teruel solo falta que aparezcan proyectos en las sierras de Gúdar y Javalambre, pero quizá no se escapen de esta burbuja», avisa Javier Oquendo, que está al frente de la Plataforma a Favor del Paisaje de Teruel.
En esta provincia del sur de la comunidad se barajan 104 proyectos que afectan a las comarcas de Maestrazgo, Matarraña y el Bajo Aragón, así como a la sierra de El Pobo. A ello se añade una línea eléctrica de alta tensión, de 300 kilómetros, entre Calamocha y Begues, en la provincia de Barcelona, que se nutriría de la energía producida en los numerosos parques eólicos planeados en la vertiente turolense de la Ibérica.
Desbordados
Los detractores dudan de los efectos positivos que anuncian quienes favorecen la expansión de estas instalaciones avaladas por el sello de sostenibles. "No es solo que el valor añadido y la mayor parte de la producción se vayan fuera, sino que además es falso que generen actividad y empleo", subraya Oquendo, que no obstante recalca que su entidad, "sin color político", es partidaria de "un modelo de desarrollo duradero que sea respetuoso con el territorio"».
En realidad, como ha sucedido con las macrogranjas porcinas, lo que ha desatado la alarma en muchas comarcas de la comunidad es la gran amplitud del fenómeno, la ingente cantidad de proyectos y el descomunal número de hectáreas que se verían afectadas, en torno a 18.000 solo para plantas solares, según un cálculo aproximado. Todo tiene un límite y casi nadie quiere ver su tierra trufada de pajaritas gigantescas y enormes espejos rectangulares vueltos hacia el Sol.
Hasta la fecha, la última parte de Aragón en sumarse al movimiento contrario a la creación descontrolada de parques eólicos y fotovoltaicos han sido las comarcas de Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo, donde se quieren levantar 12 instalaciones de este tipo.
La Plataforma en Defensa de los Paisajes de la Ibérica, como se denomina la entidad recién creada, sostiene que los proyectos presentados son una forma de "contaminación visual del entorno, acaparan los recursos naturales de los territorios e hipotecan el desarrollo y el bienestar de las futuras generaciones".
A la vista del problema, las plataformas ciudadanas consideran que los ayuntamientos afectados deben intervenir decididamente. «Las administraciones locales tienen la herramienta de los planes de ordenación urbanística», explica Carlos Avellana, que sostiene que "no se puede volver a castigar a una tierra que ya bastante perdió con la construcción de embalses".
"Se pueden introducir cambios que protejan las tierras rústicas e impidan su transformación en industriales", añade. Oquendo cree que hay que "actuar ya". "Las empresas que levantan estos centros de producción de energía tienen prisa y se aprovechan de que es un sector con unas normas muy laxas, prácticamente desregulado", advierte.
Ante esta disyuntiva, la Diputación General de Aragón trata de tranquilizar a la opinión pública. No hace mucho, el vicepresidente Arturo Aliaga, que es además consejero de Industria, aseguró en las Cortes que los proyectos de energías renovables se hacen «con todas las garantías medioambientales» y se tramitan «con pulcritud».
Pero, más allá de la actitud vigilante de la DGA, nada evitará una larga batalla legal entre quienes ven en los molinos de viento el amenazante braceo de gigantes codiciosos y los que piensan que sus aspas giratorias son flechas que indican la dirección del progreso.
Los ecologistas proponen un ‘plan B’ en el regadío devaluado
El cambio climático está dificultando y encareciendo el cultivo de miles de hectáreas de regadío en Aragón, lo que convierte estas tierras, sobre todo las menos productivas, en un posible emplazamiento rentable, "a largo plazo", para la instalación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas.
Así lo piensa Luis Tirado, de SEO BirdLife en Aragón, que sostiene que se podría recurrir al arriendo de estos terrenos, ubicados e zonas esteparias y salitrosas. "Sería una forma de reutilizar campos que solo producen a base de un gasto excesivo de agua", mantiene el ecologista.
"Puede ser un importante recurso para inyectar dinero en el territorio", opina. "En un plazo de 60 años los recursos hídricos se habrán reducido en un 60%", apunta. Tirado cree que ahora es el momento de usar esa reserva de espacio, en lugares como Cinco Villas y Monegros, con el fin de "aprovechar la oportunidad" de progreso que representan las energías renovables. "Lo que no es aceptable es ubicarlas en el Pirineo, el Maestrazgo o el Matarraña", subraya.
