No va más. Aragón se juega una buena parte de su futuro en los próximos meses en los que el Gobierno de Pedro Sánchez deberá decidir dónde se instala la gigafábrica de baterías para vehículos eléctricos, cómo queda definida la financiación autonómica y de qué forma se ejecutarán las medidas para una transición justa que las comarcas mineras esperan impacientemente.
El Gobierno de Javier Lambán y el cuatripartido formado por el PSOE, Podemos, CHA y PAR se juegan buena parte de su crédito y de su futuro electoral en una partida de póker en la que todas las comunidades quieren utilizar bien sus cartas, aunque hay sospechas de que algunas pueden estar marcadas.
Aragón tiene varios ases debajo de la manga para hacerse con la instalación de la planta de baterías, lo que supondría una inversión milmillonaria y extendería una alfombra roja hacia el progreso y la modernidad de la comunidad. Solo el factor político le puede privar de esta inversión porque por lógica Zaragoza debería ganar esa partida. Está en el epicentro de las fábricas que producen vehículos, tiene una logística de primer nivel, el grupo automovilístico al que pertenece (Stellantis) es el mayor fabricante de coches de España, los costes de instalación son bajos, la cantera de profesionales y trabajadores vinculados al sector es fértil, hay paz social, agilidad administrativa, infraestructuras energéticas de primer orden, institutos de investigación con una hoja de servicio más que notable. En definitiva, si la gigafábrica no recala en Aragón alguien lo tendrá que explicar, aunque el factor político puede pesar más que todo lo anterior y eso podría dar al traste con la fábrica de oro. La planta de Seat en Barcelona, por lo pronto, ya se postula.
De forma paralela, la gran batalla territorial se librará en la negociación de la financiación autonómica. O el Gobierno eleva el gasto destinado a las comunidades autónomas o puede haber un enfrentamiento más que duro. Aragón tratará de hacer valer los criterios territoriales por encima de la población para tratar de enjugar el déficit que ya le ha provocado la pandemia y para afrontar proyectos estratégicos en logística, agroalimentación, turismo, en el sector de las renovables y del automóvil que no pueden esperar. Pero sobre todo para tratar de desarrollar un territorio que se desangra por la despoblación.
El factor político
En esta disputa entrará más claramente el factor político, con la mesa de diálogo de Cataluña de telón de fondo, pero también jugarán un papel relevante las filias y las fobias entre partidos y dentro de un mismo partido. El Gobierno y Podemos tienen por delante una tarea más que complicada. Coser Cataluña sin descoser el resto del país es un reto que solo se logra con más dinero y siendo fieles a la estrategia que el Ejecutivo de Sánchez ha predicado desde que llegó a la Moncloa: una España digital, verde, desarrollada, que afronta con valentía el cambio climático y el reto de la despoblación.
Precisamente, la financiación autonómica debe de ser el verdadero mecanismo que permita frenar el vaciamiento de la España interior. Pero eso exige mucha convicción, arrojo y, además, no da votos.
El tercer frente de batalla que afronta Aragón es el de la reindustrialización de las comarcas mineras. La ministra Ribera debe dar ya un paso hacia adelante y poner negro sobre blanco qué proyectos, qué fondos y qué futuro espera a Andorra tras el desmantelamiento de la térmica hace ahora casi un año y medio. Porque las dudas se han instalado en el territorio al mismo tiempo que los extrajabadores de la central se han ido yendo de la comarca para buscarse las habichuelas en otro lugar.
El crédito, la reputación y la palabra dada por el Gobierno central están en juego. Pero también la del Ejecutivo de Lambán, que afronta el Rubicón de la legislatura con una moneda en el aire. La esperanza de los aragoneses es que salga cara. El otoño se avecina trascendental.
