La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha reconocido durante su comparecencia en las Cortes de Aragón que desde junio --cuando se conoció que Acciona no prorrogaría la concesión-- se está trabajando en los nuevos pliegos de adjudicación del contrato del transporte sanitario urgente, que concluye en julio del próximo año. «Nos estamos adelantando un año porque tenemos la voluntad de mejora de las condiciones», ha asegurado la consejera, quién ha añadido que este nuevo modelo «será consensuado» ya que nace de dos grupos de trabajo con los sectores implicados para «un buen servicio».
Entre las nuevas condiciones estaría la internalización de los servicios sanitarios. Esto implicaría «cambios tanto en la dotación de personal, como en el funcionamiento de los servicios y competencias profesionales», ha dicho. Y es que desde la consejería se considera que el transporte sanitario debe tener la base en los centros de salud. Sería un «modelo mixto» como puede ser el andaluz; lo que implicaría internalizar al personal como trabajador de la administración y sacar a concurso la parte logística.
Repollés ha comparecido en las Cortes a petición del Grupo Popular, que ha criticado que desde la consejería no se ha escuchado a los profesionales, que llevan desde el 8 de abril en huelga por reivindicaciones como la localización de las bases y el reconocimiento de la categoría profesional, entre otras. «Si en las calles no hubiera ambulancias, el problema se hubiera solucionado», ha dicho Ana Marín, la diputada Popular.
La consejera ha hecho hincapié en que se proporciona la «asistencia sanitaria» y matizó: «contratamos un servicio, no negociamos con los trabajadores», ha aseverado con respecto al departamento. Sí que ha señalado que el servicio se está realizando sin «merma en la calidad y cantidad del servicio al ciudadano». Ha afirmado sin embargo, que pese a que «no somos ajenos a las condiciones de trabajo de los empleados, no podemos influir ni inmiscuirnos en las negociaciones» de la plantilla con la actual adjudicataria.
Protesta de los trabajadores a las puertas de la Aljafería
Mientras la consejera de Sanidad estaba compareciendo en las Cortes; los trabajadores del transporte sanitario se concentraban a las puertas de la Aljafería. José Antonio Busqueta, del Sindicato Cooperación Sindical, ha asegurado que a los grupos con los que se ha reunido que son 77 millones de dinero público por lo que el Gobierno de Aragón sí que debería “inmiscuirse y fiscalizar si se están incumpliendo los pliegos” y las condiciones de asistencia; y aquí si que es menor si los vehículos que tienen que estar localizados "están lejos de las casa de los trabajadores y estos se tienen que cambiar en su casa”. Además, asegura que se incumplen los pliegos porque a Acciona se le dio puntos por un plan de formación que “no se ha ejecutado” y por que de existe una sanción de 150.000 euros; y porque se comprometió a 22 vehículos nuevos a los seis meses de entrar y tampoco se ha cumplido, con la correspondiente penalización.
