El Gobierno de Aragón ya tiene lo que quería, la implantación del pasaporte covid para el ocio nocturno, celebraciones y eventos multitudinarios (más de 500 personas en interior y más de mil en exterior). El objetivo ha tardado más de lo esperado y no se pone en marcha con el aval judicial, sino a través de la publicación de una orden por la que se adoptan medidas específicas para el control de la pandemia.
Desde este jueves, los mayores de 12 años que accedan a locales de ocio nocturno, acudan a bodas, bautizos, confirmaciones o celebraciones familiares, religiosas, civiles o sociales; o asistan a cualquier evento donde se reúnan más de 500 personas en un lugar cerrado o mil en espacios abiertos deberán presentar el certificado que muestre que se ha recibido la pauta completa de vacunación habiendo transcurrido, por lo menos, 14 días desde la última dosis de ella. En su defecto, enseñarán el certificado de haberse recuperado de la infección por SARS-CoV-2 diagnosticada y encontrarse en el periodo comprendido entre el día 11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba diagnóstica positiva; o el documento acreditativo de prueba diagnóstica de infección negativa realizada por profesionales sanitarios en centros o establecimientos autorizados (en las últimas 72 horas en caso de PCR o 48 horas en el caso de test rápido de antígenos). La obligatoriedad cogió desprevenidos a muchos aragoneses que se lanzaron a descargarse el documento, lo que colapsó durante más de dos horas (entre las 14.00 y las 16.30) la web del Salud.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado en su visita a las obras de la Facultad de Filosofía y Letras, que la idea es que «podamos tener una Navidad normal». Además, ha insistido en que se intenta potenciar la vacunación ante una subida «preocupante» de nuevos casos. Preguntado por si la medida tendría más fuerza si la implantación fuera nacional, ha señalado que el Ejecutivo «se conformaría con que se implantara aquí y se pueda desarrollar sin interrupciones ajenas a nuestra voluntad», ha dicho en referencia a la posibilidad de que los jueces tumben la medida.
Y es que la decisión de implantar el pasaporte covid viene tras recoger el guante que de forma directa le lanzó el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La DGA había solicitado, por segunda vez, autorización previa para la implantación de esta medida. La Justicia, en su respuesta, señalaba que podría incurrir en un «vicio de inconstitucionalidad» por lo que había instado a la Fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar alegaciones en un plazo de diez días. El tribunal aseveró en su propia resolución que su posición no supone «un bloqueo» a la Administración sanitaria. De hecho, el TSJA animaba al Gobierno de Aragón a «adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con su función constitucional (...) de luchar frente a la crisis sanitaria». No son jueces de garantías.
La orden se enmarca en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Y también en lo señalado por el artículo 38 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, donde se contempla la posibilidad de acordar limitaciones preventivas respecto a aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud o suponer un riesgo inminente y extraordinario para la salud.
Dudas legales
El secretario general técnico del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vitelio Tena, ha recordado que «el TSJA no se pronuncia ni a favor ni en contra», sino que vuelve a trasladar la «duda sobre la constitucionalidad de la ley estatal que atribuyó al TSJA dichas funciones y por lo tanto entiende que, en sus competencias, no puede dar respuesta a las solicitudes de la autoridad sanitaria». Por ello, la dirección general de Salud Pública, con la autorización de la consejera Sira Repollés, ha dado luz verde a la orden sin perjuicio de que, como todas las normativas, pueda ser sometida al control judicial.
La exhibición de la información requerida solo podrá ser solicitada en el momento de acceso al establecimiento o recinto. No se conservarán estos datos ni se crearán ficheros con ellos.
Además, en el caso de los eventos multitudinarios que superen la cifra de asistentes mencionada anteriormente, los organizadores del evento deberán elaborar un plan de actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control del covid, y su celebración quedará sujeta a la oportuna autorización por parte del servicio provincial competente del departamento responsable en materia de salud.
Según establece la propia orden, la presentación del documento resulta una medida “adecuada y acorde con las exigencias derivadas de protección de la salud” porque se refiere a locales o actividades donde la entrada o participación es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a los que se tenga la obligación de acudir. “Actividades en las que –añade el texto normativo-- el riesgo de contagio se incrementa”.
Asimismo, se considera que la exhibición del certificado covid no vulnera el derecho a la igualdad pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están, dado que para acceder a estos lugares o eventos se puede presentar también el resultado de la prueba diagnóstica de infección activa negativa, el test de antígenos o el certificado de recuperación de la enfermedad si ha pasado la infección. Dicho certificado seguirá pidiéndose en Aragón hasta que el Gobierno de España decrete el final de la pandemia.
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha manifestado que son "muy conscientes" de que el covid no se ha ido. "Los datos cada día son más elevados, pero gracias a la vacuna los efectos no son los de épocas pasadas. Por eso tenemos que insistir en que la salida es la vacunación", ha subrayado la portavoz del Gobierno aragonés tras la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles, quien ha considerado que la implementación del pasaporte covid ayudará a mitigar la subida de contagios.
Con un 90% de la población mayor de 12 años vacunada en Aragón, las llamadas de atención se centran en aquellos grupos de edad donde las tasas de cobertura están más bajas. "Queremos insistir en que hay un 75% de vacunados con la pauta completa en el grupo de edad de 25 a 34 años, lo que supone que faltan por vacunarse una de cada cuatro personas", ha manifestado.
