El balón ya rueda en el partido por la financiación autonómica. El saque inicial lo dio el viernes a primera hora de la tarde María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, al enviar la propuesta a las comunidades con un puente festivo de por medio. Y aunque desde el Gobierno de Aragón manifiestan que no se desmarcarán de lo pactado en el Foro de Santiago y del acuerdo común en las Cortes, las primeras filtraciones del documento indican que sí se habrían recogido algunas de las solicitudes de Aragón.

La propuesta de Montero plantearía elevar el peso del gasto sanitario y educativo, así como de la despoblación, aunque está lejos de romper con el modelo actual. Según las ponderaciones a las que remite el documento, la incidencia del gasto sanitario pasaría del 38% al 40% o 45%, y la del gasto educativo, del 20,5% a entre el 25% y el 30%. Aragón lo requería por el elevado coste que tienen los servicios para una población envejecida y dispersa por el territorio.

El documento recoge además una nueva estratificación de los grupos de edad, que pasaría de los siete actuales a una configuración de 20 tramos. Con ello se pretende «precisar mucho más el coste real sanitario existente por grupos de edad», dice el borrador, algo que va en consonancia con las reclamaciones del Ejecutivo aragonés. Por ejemplo, el tramo que hasta ahora agrupaba a los mayores de 65 años ahora se dividiría en dos: de 65 a 79 y de 80 en adelante.

No obstante, el equilibrio es difícil para contentar a las autonomías que se rigen por el régimen común de la financiación. Hacienda propone mantener un cálculo por población ajustada, que prioriza las variables demográficas (residentes totales, menores hasta 16 años y mayores de 65, por ejemplo) a las variables geográficas (dispersión poblacional, superficie e insularidad, que ahora suponen un 0,6%, un 1,8% y un 0,6%, respectivamente).

A favor de ello se sitúan las comunidades históricamente financiadas, es decir, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. En contra, las ocho autonomías de diverso signo político que se reunieron en Santiago, que serían partidarias de reforzar las variables geográficas, cuyo peso se mantendría en las mismas ponderaciones (del 3% actual podría verse incrementado hasta el 4% como máximo).

Sin embargo, el ministerio plantea introducir correctivos para que las comunidades con problemas de despoblación puedan reajustar las prestaciones a las que accederán. El acercamiento es tímido, pero supone un gesto a la principal exigencia de los ocho presidentes autonómicos que se reunieron en Santiago: la creación de un fondo de financiación específico para afrontar «el desafío demográfico».

Por otro lado, en cuanto a servicios sociales, la ponderación del gasto pasaría del 8,5% actual a uno de entre el 6% y el 10%. Dentro de esa variable, el padrón de personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% y un 90%.