El mecanismo ideado por España y Portugal para limitar el precio del gas destinado a producir eléctrica permitirá abaratar la factura de la luz un 30% de media en los próximos doce meses. La llamada «excepción ibérica» autorizada por el Consejo Europeo el viernes 25 de marzo trata de frenar la histórica escalada del precio de la electricidad de los últimos meses.
Los consumidores no notarán su efecto de forma inmediata, sino que se necesita todavía el aval de Bruselas y unos trámites técnicos que extenderán su entrada en funcionamiento hasta junio. Afectará de forma directa al 37% de los consumidores domésticos que tienen tarifa regulada (PVPC), es decir, unos 10 millones de hogares, y al 70% de los clientes industriales que van directamente a comprar su electricidad al denominado ‘pool’.
Con esta medida «se acota la volatilidad» de precios que afecta al mercado regulado, apunta Javier Arnáiz Liesa, responsable de operaciones de la consultora energética Switching Consulting. «Hasta final de año, no va a sufrir las consecuencias de los conflictos geopolíticos que pueda haber», destaca. «Inexorablemente tiene que suponer un descenso en los precios del mercado mayorista», subraya, aunque esta bonificación al gas «debe ser sufragada también por los consumidores.
«Los momentos de crisis hacen retomar con mayor fuerza viejas soluciones para ahorrar, como es consumir menos», sostienen desde esta empresa. «Esta sencillez de planteamiento conlleva un ambicioso plan de eficiencia energética», añaden. Un ejemplo de ello es el plan RePower impulsado por la Unión Europa, que se propone rebajar los consumos de energía un 5% a corto plazo en base a medidas fiscales, de comunicación y de incentivos.
José María Yusta, experto en mercados eléctricos, también augura un abaratamiento de la tarifa regulada, pero no superior al 30% y estima que el coste acabará siendo «muy similar» al de la tarifa libre. «Los precios de la energía seguirán triplicando los valores medios históricos», recuerda. Al margen de esta medida, urge la modificación a corto plazo del PVPC, compromiso que ya ha asumido el Gobierno con la Comisión Europea para 2023.
