Barbate, tres meses después

El pasado 9 de febrero, una narcolancha arremetió de forma intencionada contra una embarcación de la Guardia Civil en aguas de Barbate, acabando con la vida de dos agentes, Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, de 39 y 43 años. Los guardias civiles salieron con una endeble zódiac flexible, pese a la mala mar, en persecución de seis lanchas equipadas con potentes motores que estaban amarradas a boyas, sospechosas de actividades de narcotráfico. Solo un día más tarde, ocho tripulantes y colaboradores de una de estas narcolanchas fueron detenidos, y seis de ellos aún están en prisión, acusados de asesinato, organización criminal y contrabando. Pero finalmente, solo las dos últimas acusaciones (suficientes para mantenerlos en prisión preventiva dados además sus antecedentes) se mantienen. Un informe de la Guardia Civil ha concluido que fue otra la lancha homicida, exonerando de la acción criminal a la tripulación capitaneada por Kiko el Cabra.

El suceso tuvo un impacto inmediato, que fue más allá del duelo por la muerte de dos agentes indefensos. El arrollamiento de su embarcación desveló la precariedad de los medios (embarcaciones insuficientes, o varadas por averías o falta de mantenimiento) con los que las fuerzas de seguridad se deben enfrentar a clanes mafiosos en inferioridad de condiciones. También el apoyo social de que gozan estos por parte de la población de un área con pocas alternativas económicas (y el rechazo por parte de una mayoría). Y se abrió un debate que llegó al punto de plantear la utilización de elementos de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

Ante esta situación, poder mostrar la rápida detención de los presuntos culpables permitió a los responsables del orden público en la zona dar un mensaje positivo entre tantas críticas. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto se llegó a apuntar culpables e incluso hipotéticos motivos para la acción (señalando por ejemplo que el presunto autor del crimen habría vengado así la muerte de un amigo en un incidente reciente con el cuerpo armado) de forma precipitada. Y si el error de identificación, que al fin y al cabo ha sido enmendado tras la investigación por parte de la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha tardado demasiado en reconocerse, cuando desde un primer momento las defensas de los acusados habían esgrimido las evidencias que finalmente han hecho llegar, tres meses después, a la conclusión de que fueron otros los culpables. Básicamente un vídeo grabado desde la embarcación de los acusados en que se ve a otra, de características ligeramente distintas, arrollando a la de los agentes. A esto se suma que, como publicaron los medios del grupo Prensa Ibérica el pasado 24 de abril, desde el primer día existían indicios, a partir de información recibida de confidentes e informadores, que señalaban como culpable a una tripulación de nacionalidad marroquí presente ese día en esas aguas y que desapareció del radar de las fuerzas de seguridad.

Lo sucedido debe servir, una vez más, como reflexión. Tanto sobre la vigencia del principio general de la presunción de inocencia como, más concretamente, sobre la intencionalidad de informaciones desde fuentes policiales que ofrecen explicaciones claras a circunstancias aún oscuras y sobre la autocrítica que debemos hacer los medios sobre la forma en que transmitimos esas versiones.

Suscríbete para seguir leyendo