El consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma que dará derecho a las trabajadoras del hogar a cotizar y cobrar la prestación de paro. En una norma discriminatoria como pocas, este gremio carecía de estos derechos laborales básicos, lo que suponía una anomalía jurídica que fue censurada desde la Unión Europea. De este modo, se verán beneficiadas las 11.973 empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social en Aragón a fecha de 2022, que tampoco podrán ser despedidas sin causa.
Las trabajadoras comenzarán a cotizar desde octubre y el importe estará bonificado para los empleadores en un 80%. Aunque la medida supone poner la primera piedra para la equiparación de un sector precarizado hasta el extremo con el resto de trabajadores, no se cumple una de las peticiones del colectivo: que la cotización se produzca con efectos retroactivos y los años trabajados cuenten en su vida laboral.
El Ejecutivo de Sánchez da cumplimiento así a uno de sus compromisos rubricados en el acuerdo de conformidad, pero que ha terminado llegando al Boletín Oficial del Estado (BOE) acelerado por las sentencias judiciales. Desde el sector celebran la rúbrica de esta protesta histórica, que les negaba la equiparación de derechos laborales con el resto de trabajadores. “Es una buena noticia. Nos alegra un montón porque es una reivindicación histórica que se nos igualen los derechos con el resto”, afirma Blenda Carolina García, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza.
Un primer borrador
Lo que este martes se ha aprobado en la rueda de ministros es un borrador de la futura norma, pero en el texto ya se reconoce el derecho al desempleo de estas trabajadoras, tanto a la prestación contributiva como al resto de subsidios no contributivos. La norma también limita la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa para las empleadas de hogar.
Este era uno de los más graves problemas para el gremio. La mayoría de las empleadas del hogar (un 84% según la última Encuesta de Población Activa) son mujeres, buena parte de ellas extranjeras. Muchas llegan desde Lationamérica sin papeles, por lo que comienzan a trabajar para subsistir durante tres años, fecha en la que pueden optar al permiso de residencia al concedérseles el arraigo social. Sin embargo, como denuncian desde el colectivo, al cumplir con ese trienio en régimen de contratación fraudulento muchas familias optan por prescindir de sus servicios y evitar dar de alta a estas trabajadoras en la Seguridad Social.
"Las internas están expuestas a trabajar mucho más, con un servicio completo que ningún inspector controla ni verifica. Y tampoco se dice nada sobre la profesionalización del sector"
Además, los empleadores contarán con un paquete de bonificaciones para que den de alta a las trabajadores en la Seguridad Social. Quienes contraten bajo estos términos tendrán derecho a una reducción del 20% en la aportación a la cotización por cada trabajadora y una rebaja del 80% en las aportaciones por desempleo y al Fondo de Garantía Social Salarial (Fogasa).
Es sobre la rapidez de la redacción de la norma donde los sindicatos ponen el signo de interrogación. "Es una noticia muy positiva, pero no se ha abierto una mesa de negociación con los sindicatos para expresar los fallos que pueda tener la norma. En cualquier caso, esta es la buena dirección", señala Pura Huerta, la secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón.
Mucho camino por recorrer
Sin embargo, queda todavía mucho camino por recorrer. "El ministerio quiere aprobar un decreto rápido en relación con lo que exige la UE. Pero tenenmos muchas más propuestas, sobre todo en relación con la regulación de las trabajadoras internas", apunta Blenda Carolina García. Inciden en que las trabajadores en condición de internas realizan jornadas maratonianas, “muy por encima de las 60 horas semanales, el máximo permitido en estos contratos”, explica García. “Las internas están expuestas a trabajar mucho más, con un servicio completo que ningún inspector controla ni verifica. Y tampoco se dice nada sobre la profesionalización del sector”, denuncia la presidenta de la asociación en Zaragoza.
