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LA CRISIS DE LA FORMACIÓN ARAGONESA

Los díscolos del PAR quieren forzar otra vez una Ejecutiva extraordinaria

Pretenden blindar a los directores generales y que cualquier cese en una institución sea aprobado antes por los miembros de la comisión del partido | El lado oficial recalca que desde el aparato orgánico de la formación no se pueden decidir los ceses institucionales

Los diputados Jesus Guerrero y Esther Peirat, en la última reunión con los díscolos Izquierdo, Estaún y Sánchez-Garnica. | JAIME GALINDO

Los díscolos del Partido Aragonés registraron este miércoles una petición para pedir la convocatoria de una Ejecutiva extraordinaria. La solicitud la firmaron los 18 miembros que ya votaron en contra de los deseos de Arturo Aliaga la pasada semana, después de conocer que el presidente no pensaba requerir la reunión ordinaria que acordaron el jueves pasado, cuando pactaron definir esta semana la estrategia electoral de cara a las primarias y a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el último domingo de mayo.

De los 28 miembros de la Ejecutiva son 18 los que respaldan esta solicitud con la que, además, pretenden que cualquier destitución que se produzca en el Gobierno de Aragón deba ser aprobada por la Ejecutiva. De este modo quieren blindar, sobre todo, a los directores generales (Eva Fortea, Gloria Pérez y Luis Estaún). Los tres forman parte del equipo de Aliaga en la Consejería de Industria, de donde ya salieron la anterior directora general de Turismo, Elena Allué, y Javier Callizo, secretario general técnico, lugar que ahora ocupa Sergio Larraga, cuyo puesto también está en peligro.

La situación judicial del PAR sigue igual que el pasado jueves, con una sentencia recurrida por la Ejecutiva en contra de la opinión de Aliaga, y con el demandante, Xavier de Pedro –perteneciente al sector crítico de Allué y que perdió el último Congreso ante Aliaga por dos decenas de votos–, pendiente de presentar el escrito de oposición al recurso. El asunto se espera que se resuelva en breve en los tribunales, según fuentes oficiales del Partido Aragonés, que insisten en que el deseo de Aliaga sigue siendo el mismo: «Que el juez dicte una sentencia que entendemos que está al caer».

Arturo Aliaga, en la última Ejecutiva del PAR junto al notario Juan Yuste. JAIME GALINDO

Además, el presidente del PAR no cree que las exigencias de este grupo de díscolos sean legítimas ya que la Ejecutiva «está en funciones y los puntos planteados excederían sus competencias».

No obstante, los díscolos afirman que tiene un plazo de siete días hábiles para convocar la reunión extraordinaria, por lo que debería hacerlo antes del 25 de febrero.

En el orden del día quieren incluir el debate y votación «sobre la necesidad de llegar a acuerdos para poner en marcha el proceso electoral; formar la comisión organizadora de las primarias; y que cualquier destitución en una institución sea aprobada antes por la Ejecutiva; así como la restitución como vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo», explican fuentes de los díscolos, que pretenden que los pactos de Gobierno se ratifiquen en cada una de las instituciones.

«Lo que dice el 60% de la Ejecutiva es falso»

La Ejecutiva «no pone ni cesa cargos institucionales de Gobierno, solo los orgánicos», explica el entorno de Aliaga. «Lo mismo pasa en relación a otros cargos como el del senador autonómico, Clemente Sánchez-Garnica, que no lo pone o quita una Ejecutiva sino que es un acuerdo de Gobierno. Lo que dice el 60% de la Ejecutiva es falso».

Ayer hubo Consejo de Gobierno y el vicepresidente no pidió el cese de nadie. Al menos de momento. «No sé qué interés hay en decir falsedades del presidente, que por otra parte es el único que puede convocar una reunión ordinaria que apruebe las actas de las anteriores», explican antes de concluir: «Si 18 personas son las que quieren tomar las decisiones, ¿se harán cargo también de los costes la campaña electoral?».

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