Los últimos coletazos de las mascarillas: de precio de oro a los céntimos de la normalidad

Una mascarilla FFP3 llegó a costar un máximo de 5,35 euros en 2020 y ahora se puede adquirir por 0,25 euros en una parafarmacia de Zaragoza o por poco más de un euro en una farmacia de toda la vida. El tapabocas ha pasado en casi tres años de ser un bien preciado, incluso escaso en algún momento de la pandemia, a un material que este miércoles, 1.010 días después, da un nuevo paso a la normalidad al dejar de ser obligatorio en el transporte público.

Al principio hubo escasez, incluso entre los sanitarios. En la actualidad, el Salud cuenta con alrededor de 700.000 FFP2 y casi un millón y medio de quirúrgicas para alrededor de 180 días con los consumos actuales; mientras que de FFP3, el departamento cuenta con 9.400 en su almacén de Plaza para alrededor de 70 días.

Poco o nada queda de aquel boom de las mascarillas en plena crisis sanitaria que derivó en inmensas iniciativas que han acabado por diluirse al mismo tiempo que lo ha hecho la pandemia del covid. Era marzo de 2020, con el virus cabalgando a sus anchas y la población confinada en casa, cuando hubo quien se afanó en fabricar mascarillas en casa ante la necesidad y la urgencia. La sociedad entera se había estado agolpando en masa en las farmacias en busca de un producto que jamás se hubieran imaginado tener que comprar, y eso derivó en un desabastecimiento absoluto.

De ahí surgió una red de filántropos y voluntariedad que llevó a ciudadanos, instituciones, entidades y diferentes colectivos a realizar recogidas voluntarias de tapabocas. Los anuncios colgaron durante días en las puertas de edificios públicos, en las sedes de asociaciones vecinales o en los portales de algunas viviendas.

En el caso de las FFP2 y FFP3 el coste se disparó en más de un 350% en apenas unos meses.

La situación llevó incluso a empresas como la aragonesa Arpa a poner en marcha una línea de fabricación exclusiva de mascarillas. Lo hizo en tiempo récord y suministró material, entre otros, al propio Gobierno de Aragón que, dada la escasez y la demanda, dejó de salir al mercado a pujar por lotes que se agotaban en milésimas de segundo o, directamente, no llegaban. Arpa, de alguna manera, servía de la fábrica a la mesa y si algo se precisaba entonces era rapidez y protección. Una vez que la distribución de las mascarillas pasó a ser un negocio, Arpa no pudo competir, aunque mantuvo su compromiso de producción hasta diciembre de 2020.

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El movimiento ‘Coronamakers’

Fueron muchos los empresarios que, en pleno drama del covid, vieron en la falta de mascarillas un potente nicho de mercado para emprender a la mayor brevedad posible. Algunos, incluso, fueron un paso más allá y sin escrúpulos lo comercializaron como un complemento de moda.

A pesar de todo ello, al lado de estas sombras hubo proyectos con mucha luz que fueron clave en los primeros meses de la cuarentena. Uno de ellos fue la iniciativa Coronamekers Aragón, un grupo de voluntarios que surgió vía Telegram con el objetivo de fabricar material de emergencia para los profesionales sanitarios. Crearon miles de sujetamascarillas y de pantallas protectoras y llegaron a contar con más de mil voluntarios. Actualmente no están activos y estos Coronamakers, según ha podido saber este diario, están dispersos en otros grupos de Telegram donde resuelven dudas de impresión en 3D.

La Cámara de Cuentas analizó en el informe de gastos covid cuánto había cambiado el precio de las mascarillas en 2020. Entonces, el coste mínimo que el Salud pagó por una quirúrgica fue de 0,023 euros si tenía gomas y 0,027 euros si tenía cintas, mientras que la evolución del mercado llevó al organismo a adquirirlas, en algún momento de aquel 2020, por un máximo de 1,5 euros en el caso de las quirúrgicas con goma y 0,34 euros con cinta.

En el caso de las FFP2 y FFP3 el coste se disparó en más de un 350% en apenas unos meses. El Salud compró al principio FFP2 por un mínimo de 0,66 euros y FFP3 por 1,15 euros, pero más tarde las acabó pagando por 3,018 euros y 5,35 euros, respectivamente. La situación insostenible hizo que el Gobierno de España tuviera que fijar un precio para las mascarillas que, de momento, seguirán siendo obligatorias en España en los hospitales, centros de salud, farmacias y residencias de ancianos y sociosanitarias.

Una compra bajo la ley de contratos públicos

Hace ya tiempo que el Salud retornó a la normalidad en lo que a la adquisición de mascarillas para la sanidad pública se refiere. Es decir, la compra se hace, siguiendo la ley de contratos, mediante un anuncio de concurso público como con cualquier otro suministro. Las empresas presentan sus ofertas y el Salud tiene que adjudicar el contrato a quien presente la mejor cuantía. También está la fórmula centralizada de compra a través del Ministerio de Sanidad, de forma que a todas las comunidades les sale más económico.

Como ejemplo de cómo ha cambiado todo y ha vuelto todo a la casilla de salida, en una de las últimas licitaciones del Gobierno de Aragón para el suministro de mascarillas FFP2 y FFP3, por valor de 130.000 euros, se llegaron a presentar 15 empresas para optar al lote de las primeras y seis para las segundas. El precio de licitación era de 0,25 euros las FFP2 y 0,75 euros la FFP3. Pues bien, hubo candidatos que ofertaron hasta 0,068 por hacerse con las FFP2 o 0,189 por lograr el suministro de las FFP3. El cambio es radical.

Tanto se ha interiorizado en casi tres año la idea del uso de la mascarilla que ahora, pese a no ser obligatoria en prácticamente ningún sitio, hay quien seguirá llevándola por si acaso. Una coletilla, la del por si acaso, que no va a venir nada mal para cuando uno ande resfriado y se le encienda la luz roja de que, hasta no hace mucho tiempo, una tos o un estornudo requerían de la mascarilla para proteger a todos. Hay buenos hábitos y lecciones del covid que no deberían caer en saco roto.

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