La DGA pide una permuta "rápida" de los suelos de Embarcadero

El Gobierno de Aragón ha vuelto a poner sobre la mesa la permuta de los suelos de Embarcadero. Lo ha hecho este miércoles el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, en una comparecencia sobre propuestas de interés en Zaragoza al informar sobre una carta que ha remitido al concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Víctor Serrano, en el que le pide resolver el asunto de los suelos de Casablanca mediante una permuta "pura y dura" que explica en la misiva. La cuestión es que el consistorio se quedaría con la parcela de esa vía de Casablanca y obtendría a cambio suelos en otras zonas de la ciudad para poder construir viviendas de alquiler asequible, especialmente para jóvenes.

"La carta es densa pero resume muy bien todos los extremos para que no haya ninguna interpretación de lo que quiere el Gobierno de Aragón", dice el consejero de la DGA, desde donde aseguran estar "totalmente predispuestos a que sea el ayuntamiento el que pueda tomar la decisión que acuerden los vecinos", afirma Anadón, que cree que todavía es "posible" convocar la bilateral entre las dos instituciones, que se lleva retrasando varios meses.

Anadón ha insistido en que es perfectamente posible la permuta. "Y si hay una pequeña diferencia, que la diga un tasador, no tenemos ningún problema", ha ofrecido el consejero, de manera que la Administración autonómica pueda levantar 226 pisos de alquiler para jóvenes en otras zonas de la capital aragonesa y el consistorio adquiera la capacidad absoluta de decidir el futuro urbanístico de esta área de intervención.

Pérez Anadón quiere "dar soluciones al problema enquistado" de la calle Embarcadero, después de casi tres años de demora en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el consistorio de la capital aragonesa para poner en uso social esos suelos.

Viviendas para jóvenes

En la citada misiva, Pérez Anadón hace referencia a los incumplimientos municipales, tanto del convenio de 2020 como de la bilateral de 2021, "que han impedido hasta ahora aprobar el planeamiento pendiente e impulsar otros proyectos que dieran solución al problema habitacional de los jóvenes", que representan el sector de población más afectado por la superposición de crisis que se suceden desde 2008.

El Gobierno de Aragón recuerda, además, que la firma del convenio de marzo de 2020 da lugar a una figura contractual que genera derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Por eso insta al titular de Urbanismo de Zaragoza a continuar con los trámites urbanísticos para aprobar definitivamente el plan especial de Embarcadero. En el mismo sentido, recalca que la posibilidad de pactar una permuta tampoco es óbice para cumplir la Ley de Urbanismo de Aragón.

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El consejero de Hacienda retoma la propuesta de la permuta que trasladó a Serrano en noviembre al entenderla “equilibrada” en lo que respecta al valor de los suelos y asumiendo que la primera respuesta del titular de Urbanismo no fue de rechazo, ya que aseguró que podía ser "aceptable con algún ajuste". Reconoce el responsable del Ejecutivo, no obstante, que después el ayuntamiento "puso trabas a la permuta por cuanto estas operaciones suponen una carga fiscal para las partes", aunque desconoce si ha variado la posición municipal.

Respuesta rápida

Desde la DGA se recalca "la política de mano tendida" que, a juicio de Pérez Anadón, nunca ha dejado de existir en las decisiones de la DGA. Y pide a Víctor Serrano una respuesta rápida, en un plazo de diez días, sobre las posibilidades de abundar en la permuta. Esta solución permitiría al Ayuntamiento de Zaragoza ser titular de los suelos del Gobierno de Aragón en la calle Embarcadero de manera inmediata y, con ello, estar en disposición de dar la respuesta que considere oportuna a las demandas vecinales, de las que el propio Serrano dijo que "tenían fundamento", a la vez que aseguró que la decisión del consistorio estaría basada única y exclusivamente en el interés público, que pasa por atender las demandas de los vecinos.

El consejero de Hacienda ha pedido, además, que su carta se incorpore el expediente de la calle Embarcadero para la aprobación del Plan Especial, como contestación a las alegaciones vecinales, que recibió el Gobierno de Aragón con más de un año de retraso y con una invitación para su contestación.

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Finalmente, el Gobierno de Aragón recuerda que la interposición de una reclamación judicial sobre la calle Embarcadero es compatible con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de permuta (recuerda que ha sido una práctica habitual del Ayuntamiento de Zaragoza cuando ha mantenido desacuerdos con la DGA) y que, en caso de que se produjera, supondría la inmediata retirada de las susodichas acciones judiciales. "No hay que darle más dramatismo del normal. La reclamación judicial es totalmente compatible con el acuerdo, como ya pasó con otros contenciosos", ha explicado.

El desbloqueo de esta situación favorecería "mucho" la bilateral entre ambas instituciones, más allá de que queden pendientes algunos otros asuntos de depuración o medio ambiente. "En el momento en el que nos metamos en la segunda quincena de marzo todo será muy complicado", ha dicho el consejero en referencia a la cercanía de las elecciones, que ha insistido en que "todo lo que vaya a valer ese suelo lo tiene que decir el ayuntamiento en el Plan Especial".

Los suelos de la calle Embarcadero tienen capacidad para construir 11 viviendas libres, que ofrecen permutar por suelos en la antigua Alumalsa, Picarral, Las Fuentes, Arco Sur o Vadorrey.

El ayuntamiento tiende la mano, pero con condiciones

El concejal de Urbanismo ha asegurado que está dispuesto a retomar las negociaciones sobre Embarcadero siempre que la DGA rectifique y no judicialice el convenio. "Negociar no es amenazar con los juzgados", ha afirmado Serrano, para quien "no tiene mucho sentido común" tratar de alcanzar acuerdos que se están dirimiendo en los tribunales.

"Rectificar es de sabios", ha dicho Serrano, que está dispuesto a resolver el convenio del plan de Casablanca y a aceptar que un tasador independiente valore el coste actual de los suelos, como propone el Ejecutivo, que ascenderían a 11,2 millones según el consistorio. "La DGA está en su derecho, pero la tasación municipal tenía el beneplácito de los técnicos de la DGA", ha recalcado.

El concejal de Urbanismo, que ha reiterado que la decisión del Ejecutivo de judicializar un asunto que se estaba negociando "no tiene precedentes", ha defendido el papel de los representante políticos para "llegar a acuerdos". "Judicializar la política es un fracaso de los políticos", ha asegurado después de tender su mano para retomar las conversaciones con la DGA.

"Le pido a la DGA que se aclare", ha dicho Serrano, que ha instado a Pérez Anadón a que proponga una negociación "sincera" sobre estos suelos y poder, así, convocar la bilateral.

El Ayuntamiento de Zaragoza reactiva el plan Embarcadero con otro órdago a la DGA

Aquí puedes leer la carta que el Gobierno de Aragón le ha remitido al Ayuntamiento de Zaragoza.