La Seguridad Social de Zaragoza se colapsa con "un 40% menos de personal" que en 2014

Las demoras y filas a las puertas de las oficinas de la Seguridad Social en Aragón no soliviantan tan solo a los usuarios. El cabreo generalizado se ha contagiado al otro lado del mostrador y los trabajadores de la Junta de Personal de los Servicios Periféricos de la Administración General del Estado en Zaragoza han dicho 'basta' ante el evidente "deterioro" del servicio, que ha llevado a un "colapso" del servicio. Los empleados atribuyen la falta de personal al nulo relevo generacional que se ha ejecutado desde el organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ahora dirige José Luis Escrivá, lo que ha mermado el equipo en la capital aragonesa en un 17% en los últimos cuatro años y "en un 40%" desde 2014.

Para poner de manifiesto el empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados públicos que "imposibilitan la prestación de un servicio público de calidad", la Junta de Personal protestará junto a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT el próximo jueves frente a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en la calle Doctor Cerrada, desde las 11.30 hasta las 12.00 horas. Saldrán a las calles para luchar contra la "nefasta gestión de los diferentes servicios públicos" en cuanto a la garantía de acceso y ejercicio de derechos sociales. "Los empleados públicos no somos responsables de la gestión. Nos están echando a los pies de los caballos", denuncia Paco Domínguez, el responsable de la Administración General del Estado del sindicato CSIF en Aragón.

Ahora mismo quedan abiertas tres sedes del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Zaragoza, ubicadas en las calles Doctor Cerrada, Joaquín Costa y San Juan de la Peña. "Hemos pasado de estar casi 200 trabajadores a poco más de 100, y de los que quedamos, la mayoría tenemos más de 55 años. Si no hay una oferta pública de empleo fuerte ya, dentro de cinco años quedará el 20% de la plantilla", explica Luis Miguel Olano, el coordinador de la sección de la Administración del Estado de CCOO en Aragón.

La escasez de personal se ha acentuado en los compases posteriores a la pandemia. El aluvión de jubilaciones anticipadas por la actualización salarial al IPC real en 2022, los expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) o la llegada del Ingreso Mínimo Vital han provocado un mayor volumen de gestión para una plantilla cada vez más mermada. Desde que reabrieron las oficinas de la Seguridad Social después del confinamiento, se ha accedido a ellas siempre con cita previa, pero ni con esas el tapón burocrático ha podido evitarse.

Explica Paco Domínguez que la espera para tramitar el Ingreso Mínimo Vital se dispara "hasta los tres o cuatro meses" pese a que el Gobierno sitúa la espera media en 21 días, un dato del que "discrepa". Coincide con los tiempos de espera Luis Miguel Olano: "Para las gestiones de prestaciones no prioritarias, como los permisos de maternidad o paternidad, el tiempo de espera ha pasado de 15 días a más de dos meses".

"No hay suficiente personal"

"El principal problema es que no hay suficiente personal para tramitar el volumen de trabajo. Desde el ministerio se ha intentado reestructurar la organización, pero es imposible: se están demorando todas las prestaciones. La Seguridad Social ha pasado de ser uno de los organismos que mejor funcionaban de la Administración central a estar bastante por detrás del resto. Y nosotros somos los primeros interesados en que esto funcione", concluye el representante de CCOO.

Además, los convocantes denuncian que se han producido distintas "privatizaciones" al amparo de la Administración Electrónica, puesto que "bajo el pretexto de ofrecer un servicio más económico, eficiente y accesible se ha provocado el efecto contrario, encontrándose los ciudadanos con trabas y dificultades de todo tipo, incluso para obtener una simple cita". En este sentido, la entidad ha considerado que "la externalización de un servicio público supone un reconocimiento implícito del fracaso y de la incompetencia para su gestión sin que se haya asumido responsabilidad alguna por ningún cargo político o administrativo".

De este modo, "ante el deterioro y desidia intencionada que sufren los Servicios Públicos en el ámbito de la Administración General del Estado a lo que se añade una desastrosa gestión de sus plantillas", llaman a secundar las movilizaciones relacionadas con la solicitud de recuperación de los servicios externalizados y del empleo público "destruido" y con "recuperar el poder adquisitivo perdido durante años". Reclaman además lograr una jornada de 35 horas semanales y obtener una supresión de contratas y de cualquier tipo de acuerdo o convenio con los Colegios de Gestores Administrativos.

En el ámbito de la Seguridad Social, solicitan cumplir con la Ley de garantía de poder adquisitivo y sostenibilidad financiera y social de las pensiones, así como con los acuerdos de Fondos Adicionales de Mejora de las condiciones generales de trabajo sobre implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética.