Carrera a contrarreloj en Industria para desatascar la tramitación de las renovables

El atasco heredado en el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón a cuenta de la tramitación de los proyectos de energías renovables en Aragón atosiga al nuevo Ejecutivo PP-Vox. Antes del 25 de enero de 2024, toda la documentación relativa a la autorización administrativa previa de varias decenas de parques solares que suman una potencia instalada de 7.400 megavatios (MW) y otros tantos de energía eólica, que suponen 3.812 MW, debe remitir al Ministerio de Transición Ecológica. Pero no son los únicos, pues el área debe gestionar también otras licencias como las ayudas al autoconsumo o los proyectos relacionados con la minería. Por ello, para tenerlo a tiempo sin causar un colapso en otras secciones de la consejería, la dirección general de Energía y Minas contratará a 24 técnicos con una inversión que ronda los 1,3 millones de euros. 

La rapidez vuelve a apremiar a la consejería que ahora dirige Mar Vaquero, sucesora de Arturo Aliaga (PAR) tras el cambio de gobierno, porque los plazos del ministerio son inapelables. El Gobierno central fijó en junio de 2020 los plazos para cumplir cada uno de los trámites necesarios para poner en marcha un parque renovable (solicitud de autorización administrativa previa, impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva) que dura cinco años. Así que ahora toca el tercer hito. 

"Es imposible construir a tiempo todas las renovables autorizadas para 2025"

La obligación es no repetir el atropello que el cuatripartito sufrió con el proceso de las declaraciones de impacto ambiental que debía otorgar el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que logró desatascar el 100% de los expedientes in extremis con la creación de un grupo de trabajo y la contratación de cinco empresas externas para la evaluación de los proyectos eólicos y fotovoltaicos. Esto último abrió una guerra política entre Jorge Azcón y Javier Lambán en la campaña electoral del 28 de mayo que ahora será investigada por una comisión de investigación de las renovables en las Cortes al mismo tiempo que la Fiscalía de Huesca admitió una denuncia por delitos ambientales. 

Guerra política por las renovables

Ahora, la pelota ya no está en el tejado del Inaga, sino de la Dirección General de Energía y Minas, que debe tramitar la autorización de administración previa (un refundido de los permisos ambientales con otros como licencias municipales o de órganos independientes) para los proyectos en cartera antes del 25 de enero de 2024, una fecha prorrogada seis meses para tramitar aquellos proyectos que superan los 50 MW de potencia instalada o afectan a varias comunidades autónomas.  

Con estos antecedentes puede dimensionarse la ampliación de la plantilla de Energía y Minas, dirigida hoy por Yolanda Vallés (PP). «Hay muchos expedientes en tramitación, todos ellos tienen que cumplir determinados hitos y los que más apremian son los del 25 de enero. Han tenido muchas vueltas de carácter administrativo y lo que más he echado en falta ha sido la previsión de personal. Se ha cargado demasiado trabajo para poco personal de refuerzo en materia de tramitación administrativa de autorizaciones», explica a este diario Vallés. 

 A través de la empresa pública Sarga se contrarán a tres personas para el servicio provincial de Teruel, dos para el de Huesca y cuatro para el de Zaragoza. Su misión será sacar adelante proyectos de energía fotovoltaica y eólica como asesores en materia de declaraciones de utilidad pública. Habrá un técnico más que se dedicará exclusivamente a la actualización de los mapas de seguimiento para el control del despliegue de los parques en el territorio y líneas de evacuación, incluyendo los tramitados en el ministerio.

El otro tapón en el Inaga

Para descongestionar otras ramas de la sección, se añadirá otro funcionario para sacar adelante proyectos y tramitaciones relacionadas con la restauración de zonas mineras. Se sumará a seis nuevas contrataciones para sacar adelante subvenciones de autoconsumo de los fondos europeos Next Generation podrían ampliarse en siete más. 

No será una cuestión momentánea, pues en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) reciben todavía un alto volumen de solicitudes que pasarán en instancias posteriores al Departamento de Industria. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, indican a este diario que cuando el Ejecutivo PP-Vox entró al Pignatelli el Inaga tenía por resolver 7.500 expedientes, tanto de proyectos de renovables como de sus otros negociados. No ayudó, claro está, que el órgano estuviera sin director hasta el 26 de octubre, fecha en la que el técnico Luis Simal asumió el cargo. A partir de entonces, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) es la prueba de que el engranaje se ha puesto en marcha a toda velocidad, con aprobaciones de autorizaciones administrativas para proyectos de energía verde día sí, día también.