Trabas administrativas en Aragón: «Pagué por algo que es gratis»

El papeleo de la Administración Pública sigue siendo, para muchos, una gestión complicada y «un auténtico quebradero de cabeza». Es el caso de Ronnel Ovalles, venezolano de 33 años que lleva desde el mes de agosto luchando por conseguir la nacionalidad española. «Una vez aprobado el examen, me mandaron una carta e inicié un proceso para pedir la jura de la nacionalidad. Pero cuando comencé los trámites a través de la página del Registro Civil de Zaragoza me encontré con el obstáculo de no poder pedir cita», explica indignado.

Menciona que, incluso, llegó a crear un robot digital para recibir los avisos cuanto hubiera plaza libre en el sistema. «Soy informático y pensé que era la mejor opción para que, en caso de que saliera una fecha, poder pedirla al momento. Además, me iba metiendo todos los días en la página del Ministerio del Interior por si había alguna novedad», asegura a este diario.

Pero los esfuerzos y el empeño que puso, según relata Ovalles, «no sirvieron para nada». Los días iban pasando y la cuenta atrás del día límite para entregar los papeles cada vez estaba más cerca. «Tenía 180 días de plazo, por lo que ya desesperado decidí personarme en la Administración para ponerle solución», dice mientras rememora la «pesadilla» que vivió en las instalaciones públicas.

«De primeras me dijeron que esos trámites tenía que hacerlos de forma online, a lo que yo les expuse una serie de razones por las que aquel procedimiento era discriminatorio», comenta Ovalles. Asegura que «en ningún momento consideraron la posibilidad de que yo no tuviera acceso a Internet o medios para ello», señala.

Tras exponer las complicaciones vividas a través de la página web, Ovalles sostiene que la única opción que le dieron –a parte de la cita online– fue la de «acudir a un notario». «Les pregunté si los gastos que requería esa alternativa me los cubrirían desde la gestión pública, porque en principio es un proceso gratuito.  Pero me dijeron que no», testifica el venezolano que, según afirma, acabó pagando más de 200 euros por «un servicio público y gratuito».

Ante estas declaraciones por parte del Registro Civil, el venezolano admite que comenzó a ponerse nervioso. «Ya de por sí me parecía ilógico obligar alguien a acceder a una pagina web para intentar conseguir cita previa, porque supone excluir a personas que no tienen acceso a la tecnología o personas con problemas visuales. Sin embargo, que no den ninguna otra alternativa y obliguen al usuario a resolver algo que debería facilitar el registro civil, no me parece nada bien», argumenta.

Aún así, Ovalles asegura que «únicamente estuve exponiendo mis quejas sobre el proceso al que me veía obligado a realizar», cuando los trabajadores «decidieron avisar a seguridad para que me echaran del establecimiento», explica.

Después de este desafortunado encuentro, decidió ponerse en contacto con un notario ese mismo mes. «No me atrevía a poner más quejas en ese momento, por si me negaban todo el proceso», aclara. Aunque, a pesar de sus esfuerzos, «a día de hoy no tengo mi DNI y el registro civil aun no ha ingresado mis datos en el asiento correspondiente. Por lo tanto, no tengo mis documentos como español», cuenta. Y añade: «Todo ello se suma a que mi antiguo TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero) vence el 23 de enero de 2024 y,según lo que me indicó el registro civil, apenas están revisando la documentación de junio, dejándome a mi en una situación extraña, donde no se si soy español», reclama.

Actualmente, Ovalles continua peleando con la Administración Pública, a quién ha estado interponiendo quejas y solicitando información «para ver cómo puedo hacer valer mis derechos como ciudadano». A todas sus reclamaciones, asegura que las únicas respuestas que recibe son «disculpas, no hay personal o que son casos puntuales. No se ofrecen soluciones que ayuden a que la sociedad pueda contar con unos servicios públicos que funcionen y garanticen sus derechos», reza.