Moncloa ordenó blindar las ciudades y los nodos logísticos ante la llegada de tractores

La reivindicación en las calles del sector primario tuvo su reacción por parte de las autoridades. Los ministerios del Interior y de Política Territorial trazaron un protocolo de actuación ante las masivas concentraciones repartidas por todo el país, con un plan de blindaje de las ciudades y de los principales nudos logísticos del territorio, como el caso de Mercazaragoza, tal y como informó el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. El conflicto, más allá de las carreteras, podrá tener una réplica futura en los tribunales.

Las directrices remitidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resaltan, según ha podido saber esta diario, que se debe actuar «con la necesaria contundencia» para evitar dos cuestiones: el corte de carreteras y el acceso de los tractores a las grandes ciudades. En el comunicado se llama a la colaboración entre fuerzas policiales para evitar estas situaciones y se pone como objetivo «garantizar la libertad de circulación de personas y vehículos, especialmente en los accesos a los principales centros logísticos y de abastecimiento, así como a las infraestructuras críticas».

Respecto a las posibles denuncias que se puedan originar, las órdenes a los agentes afirman que «se procederá a la formulación de denuncias administrativas en los casos de infracciones de tal naturaleza (en los ámbitos de la seguridad ciudadana y de la seguridad vial). Igualmente, se instruirán los atestados policiales oportunos ante el caso de la comisión de delitos (desobediencias a agentes de la autoridad, por ejemplo)».

En una movilización que aboga por la ausencia de nombres y siglas, el de una mujer ha destacado en las últimas horas por encima del resto. Se trata de Pilar Esquinas, una abogada madrileña que se ha ofrecido a asesorar legalmente y a defender a los manifestantes en el caso de que necesiten asistencia jurídica. Esquinas manifiesta que en esta ocasión se debate en torno a «derechos fundamentales como el de reunión, huelga o manifestación» y que la polémica gira en torno a la comunicación de las protestas de las últimas horas a las autoridades competentes.

«La ley dice que hay que comunicar a la administración para que ofrezca garantías, tanto a los participantes en la movilización como al resto de los ciudadanos», afirma la letrada, que insiste en que la legislación «solo obliga a informar de las movilizaciones, nadie las tiene que autorizar». Esquinas habla siempre en clave nacional, ya que desde la capital coordina los posibles problemas judiciales que puedan aparecer tras el estallido del campo. Para la abogada, las autoridades «han tenido constancia y estaban informadas de la situación», ya que en varias localidades «ha habido peticiones y se han celebrado convocatorias de prensa en las que se avisaba de las actuaciones». Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Aragón asegura que estas movilizaciones se tratan de «manifestaciones no comunicadas en tiempo y forma a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno».

Esquinas termina asegurando que en algunas zonas de España «no se están tramitando comunicaciones que se han entregado en tiempo y forma». Entre las recomendaciones que lanza a los manifestantes, destaca «grabar todas las situaciones con la policía, pedir los datos a los funcionarios públicos y recordar que no se pueden hacer fotos a las matrículas para que las multas lleguen tres meses después». Esquinas asegura que la gente que está en estas jornadas en la calle es «gente honesta que pelea por su mala situación».