Educación

Comienza una recogida de firmas contra el nuevo decreto de escolarización en Aragón

Las organizaciones exigen la retirada tras no conseguir el consenso de la comunidad educativa

Foto de grupo de organizaciones contra el decreto de escolarización.

Foto de grupo de organizaciones contra el decreto de escolarización.

El Periódico de Aragón

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La comunidad educativa lleva tiempo mostrando su rechazo al nuevo decreto de escolarización, que también ha sido rechazado por el Consejo escolar. Aun así, las organizaciones siguen buscando apoyos y para ello, han iniciado una recogida de firmas online que después darán a conocer a la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés. El objetivo es que se retire el decreto, que no ha sido consensuado y que, de hecho, ha sido rechazado por 2/3 partes de los integrantes de del Consejo Escolar de Aragón. Uno de los aspectos más polémicos del nuevo decreto es la creación de la zona única de escolarización.

La campaña en change.org, iniciada por Fapar (Padres y Madres de Alumnos de Aragón), cuenta con el apoyo de Adiaragon, Aedipa, CCOO, CGT, CHA, CSIF, FABZ, FADEA, FAESA, FAPAE, FAPAR, IU Aragón, MRP, Podemos, PSOE, STEA y UGT

Aseguran que el borrador no aporta nada al modelo actual de escolarización de Aragón, ya que "el 97% de las familias son escolarizadas en el centro que han elegido en primera opción". Sin embargo, señalan, ha generado preocupación e incertidumbre entre la comunidad educativa a la vez que "ha roto el consenso que tanto repite la propia consejera".

El borrador, dice en la campaña de petición de firmas, se ha elaborado con "precipitación y sin ningún debate previo", además de ocultar información fundamental para el proceso de escolarización de las familias como la baremación, los tramos de distancia del domicilio al centro escolar, la escolarización 0-3 años y la necesaria conciliación, etc. La zona única "no respeta la Ley Orgánica de Educación" e impide una planificación "ordenada y equilibrada del proceso de escolarización", además de no mejorar la libertad de elección de las familias. También señalan que su implantación contribuiría al "desarraigo social de los barrios", generaría desigualdad entre centros y desamparo a los más vulnerables.