El Defensor del Pueblo se interesa por el CEIP María Zambrano

Las infraestructuras educativas congregaron decenas de quejas al Defensor del Pueblo, según refleja el Informe Anual de la institución que dirige Ángel Gabilondo, que actualmente está realizando un seguimiento.

El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones ante el Gobierno de Aragón en relación con las condiciones de seguridad de un centro de Educación Infantil y Primaria de Zaragoza (el CEIP María Zambrano), ubicado en el cono de deyección de un barranco que se inundó como consecuencia de un episodio de lluvias torrenciales. Estas actuaciones se encuentran a la espera de respuesta.

El centro volvió a abrir sus puertas en septiembre pese a que los padres han ido reclamando un cambio de ubicación para evitar problemas en el caso de que se vuelvan a repetir las lluvias torrenciales acaecidas en julio del año pasado. El Ayuntamiento de Zaragoza plantea un muro levantado por el Gobierno de Aragón y construirá un canal perimetral de desagüe paralelo, 

Desde Aragón, el Justicia de Aragón ha presentado 142. Y por expedientes, este año han llegado hasta la institución nacional 869 (un 2,55% del total) frente a 854 del año pasado (2,8%) del total.

Muchas de las quejas se refieren, a nivel nacional, a quejas sobre retrasos en la construcción de centros docentes "que superan ampliamente los plazos inicialmente previstos, en algunos casos en varios años", y que conllevan que los alumnos se vean obligados a recibir las clases en barracones prefabricados o en colegios preexistentes que no pueden "ofrecer una educación de calidad".

El documento pone como ejemplo la finalización este año de la construcción de un centro docente iniciada en Madrid en el año 2015, o las actuaciones seguidas con motivo de la masificación apreciada en distintos centros educativos de Educación Primaria y Secundaria del municipio de Los Alcáceres (Murcia).

Respecto a la adaptación de las instalaciones a las temperaturas extremas, el informe recuerda que las altas temperaturas que se produjeron en buena parte de la Península durante el pasado curso escolar, que determinaron incluso que alguna comunidad autónoma hubiera suspendido las clases durante varios días, motivaron una actuación de oficio del Defensor del Pueblo ante las administraciones educativas, a fin de conocer las medidas adoptadas para procurar que la temperatura de las aulas se sitúe en márgenes que permitan la continuidad del curso escolar.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas sobre la falta de acondicionamiento de algunos centros educativos para hacer frente a las altas temperaturas. A este respecto, recibió numerosas quejas sobre la falta de adecuación de escuelas infantiles.

En el desarrollo de estas actuaciones, precisa que las administraciones competentes se comprometieron a tomar las medidas necesarias para bajar las temperaturas de las aulas y procurar así el bienestar de los alumnos.

Alumnado con necesidades educativas especiales

En cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales, Ángel Gabilondo advierte de que todavía hay comunidades autónomas que no han articulado cómo deben actuar los centros educativos cuando los padres o tutores legales no están conformes con que se lleve a cabo su evaluación psicopedagógica, "lo que demora innecesariamente el necesario ajuste educativo".

Tampoco han determinado los procedimientos para resolver la discrepancia de las familias con las conclusiones del informe psicopedagógico o con el dictamen o propuesta de escolarización formulada por la administración.

Por ello, el Defensor del Pueblo considera que es necesario que todas las comunidades autónomas articulen un procedimiento que permita la resolución del conflicto con las debidas garantías jurídicas".

Asimismo, la falta de oferta de extraescolares en los centros preferentes para alumnos con necesidades educativas especiales motivó que el Defensor del Pueblo realizase una recomendación para que se recordara a los centros educativos que las actividades extraescolares impartidas en ellos, aprobadas por el Consejo Escolar, "deben garantizar su participación en igualdad de condiciones".

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación y reservas ante el umbral de renta establecido para determinar el derecho a percibir becas para el estudio de Bachillerato en centros privados en la Comunidad de Madrid, fijado en 35.000 euros por cada miembro de la unidad familiar.

Gabilondo entiende que la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso "no atiende al principio de equidad en el ejercicio del derecho a la educación, ni a la finalidad del sistema de becas y ayudas al estudio de garantizar la igualdad en el derecho a la educación compensando las desigualdades de los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables".

"La Administración educativa ampara su decisión en su compromiso para favorecer la libertad de elección de centro por las familias y no aceptó la recomendación de esta institución dirigida a que se revisen estos criterios de renta", critica el Defensor.