Las personas sordas en Aragón reclaman intérpretes en Primaria e Infantil

Que los intérpretes acompañen a los alumnos de todas las etapas educativas y que en la ESO lo hagan desde el primer día de curso. Esta es una de las principales reclamaciones educativas que la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (Asza) han realizado esta mañana durante su intervención ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón.

En el curso 2023-2024 hay matriculados, según datos del Departamento de Educación, un total de 318 estudiantes con discapacidad auditiva, de los que 239 están en educación ordinaria. En estos momentos , no es obligatoria la presencia del intérprete hasta Secundaria, por lo que la figura no existe ni en Infantil ni en Primaria. Tradicionalmente, explica Jesús Carlos Laiglesia, vicepresidente de la asociación, los chavales con discapacidad auditiva iban al colegio La Purísima, pero «la evolución inclusiva hacen que el que es solo sordo vaya a un ordinario y este se centre en personas con discapacidad auditiva y otras añadidas, por ejemplo, autismo».

Tres de cada cuatro estudiantes con necesidades educativas especiales van a la escuela pública

Por eso, el colectivo reclama que el intérprete en lenguaje de signos esté también en etapas educativas inferiores, así como en las tutorías de los centros escolares y que «su coste sea asumido por las administraciones y no por las familias» como hasta ahora.

La educación es un derecho y si un alumno con una necesidad acude a un centro ordinario tiene que darse apoyo para «una escolarización con todos los recursos», con un asesor y lengua de signos para que tenga «sus necesidades cubiertas», asegura. En muchas ocasiones los padres «no tienen una información completa y desconocen los recursos a su disposición».

Actualmente en Infantil, se presta apoyo y, si tienen restos auditivos, hacen uso de la llamada emisora porque si no, «en lugar de una evolución se quedan estancados y se produce una involución», señala Laiglesia, que pide que el alumnado no sufra «retraso» en su educación por una barrera comunicativa. Porque entonces «no hay igualdad ni se produce inclusión».

En el caso de Secundaria, reclaman que una vez que sí acompaña al alumno un intérprete de lengua de signos (este curso están matriculados 76 en la ESO y 13 en Bachillerato) lo haga desde el primer día de curso porque «la resolución de contratos se hace tarde y cuando se incorpora al alua ya han pasado dos o tres semanas» en las que el alumno no accede a la información. «Es imprescindible que sea desde el primer día de clase»., ya que en esa etapa educativa ya existe nivel madurativo suficiente, precisa Laiglesia; mientras que antes solo tienen profesores de apoyo o lenguaje de signo. En Infantil y Primaria «no hay apoyos específicos, dependen de las capacidades de los profesionales del centro educativo».

En las grandes ciudades el problema es importante pero se agrava la situación en los pueblos. «Los padres no son conscientes del retraso que provoca que no exista este tipo de recursos», precisa; ya que se «duplican las barreras». Este problema es mayor en el caso de la población inmigrante. Cuenta el caso de una niña de 14 años, de origen inmigrante, que vino de Sudamérica con 14 años sin saber leer y escribir porque no tuvo acceso a la educación. En Aragón está aprendiendo lenguaje de signos.

Los representantes de la asociación han aprovechado también la visita a las Cortes para reclamar mejoras en el ámbito sanitario, ya que no pueden ser atendidos si no van acompañados de un intérprete de lenguaje de signos. Por ejemplo, en el sector 2 de Atención Continuada hubo una subvención para un proyecto piloto de 3 meses, pero al acabarse es la asociación quien está financiando el servicio de videointerpretación en urgencias para poder mantenerlo. También reclaman poder ser atendidos en urgencias o a la hora de llamar al 061, ya que ellos lo hacen a través de «un sistema muy antiguo» como es el fax o el sms. Esto, en Galicia por ejemplo, ya se firmó un convenio para su implantación. «El acceso a la salud es un derecho porque pagamos los mismos impuestos que el resto», concluye.

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