Educación

Balance del primer curso escolar en Aragón bajo el Gobierno de PP-Vox: "Ha habido demasiadas polémicas"

La comunidad educativa aragonesa en general hace un balance negativo del estreno del Ejecutivo y acusa a la consejería de Educación de favorecer a la concertada

Imagen de una clase de Primaria en el colegio Espartidero de Zaragoza

Imagen de una clase de Primaria en el colegio Espartidero de Zaragoza / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Un curso, el que está a punto de bajar el telón, con «pocos avances y con demasiadas polémicas». Ese es el sentir general de la comunidad educativa en Aragón sobre el primer año con el PP y Vox a los mandos de la consejería de Educación, un Gobierno al que desde diferentes organizaciones se le acusa de priorizar la concertada.

Así lo defiende CGT Aragón. «La estrategia es clara, favorecer a los centros elitistas privados concertados a la vez que restamos recursos y financiación a la escuela pública, lo que produce, en la inmensa mayoría de centros educativos públicos, una sensación de abandono», afirma José Luis Ruiz, portavoz de CGT Enseñanza, que señala la «lluvia de millones» que en septiembre se sumó al presupuesto de la concertada y la imposición del nuevo decreto de escolarización, que establece el espacio único de escolarización. «Esto se hizo en contra de la inmensa mayoría de la comunidad educativa y del Consejo Escolar de Aragón, algo insólito», incide Ruiz.

Esa misma línea habla Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón. «Tengo la sensación de que se está priorizando la concertada», reflexiona. Para García ha sido «un año sin innovaciones y de transición. Ha estado todo muy parado y no ha habido apenas movimientos en nuevos programas».

Por otra parte, la directora de Adiaragón cree que «ahora la Administración tiene más capacidad para abrir o cerrar vías», aunque también quiere destacar algún aspecto positivo. «La modificación del decreto de escolarización ha permitido adelantar el proceso de admisión», explica García, que reconoce que su entidad «se siente escuchada aunque no siempre se materialicen nuestras propuestas». Eso sí, desde Adiaragón siguen reclamando un «pacto por la educación» que de la estabilidad necesaria.

Desorganización

El cambio de Gobierno provocó, en palabras de Mónica de Cristóbal, responsable en Aragón de CSIF, «una desorganización» total en el inicio de curso, en el que hubo muchas faltas de personal, tanto docente como no docente. Además, el retraso en el pago de los gastos de mantenimiento a los centros escolares complicó los primeros meses del curso.

En noviembre llegó la gran polémica del año, el cierre del aula de Caneto, debido a sus irregularidades, que conmocionó a la comunidad educativa, la que se posicionó con unanimidad a favor de los 21 alumnos que se quedaron momentáneamente sin clases. Finalmente, tras semanas y semanas de reproches y acusaciones cruzadas entre la consejería de Educación y los representante de las familias, la Justicia ordenó reabrirla.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN visitó el pasado mes de noviembre la escuela de Caneto.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN visitó el pasado mes de noviembre la escuela de Caneto. / Jaime Galindo

No fue la de Caneto la única de las «numerosas incidencias» que han ido sucediendo a lo largo del curso. Desde Fapar señalan la falta de auxiliares de educación especial como uno de los mayores puntos negros, así como los problemas de transporte escolar o en el servicio de comedor. «La publicación de normativa que prohíbe el uso de dispositivos móviles en el tiempo educativo de los centros generó malestar al haber anunciado la consejera la creación de un grupo de debate», añaden desde Fapar.

La asociación muestra su inquietud por los resultados del informe PISA, aun siendo mejores que la media nacional, y avanza su «preocupación por el previsible recorte de recursos humanos», a la vista de los cupos de profesorado anunciados y exige el acondicionamiento de los centros para hacer de ellos espacios climáticamente seguros y retomar la Ley de participación educativa.

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