COMISIÓN DE CULTURA

"El Ayuntamiento de Zaragoza no tiene responsabilidad alguna en el conflicto laboral de Las Armas"

Sara Fernández esgrime un informe de los servicios jurídicos del consistorio en el que se afirma que "solo debe facilitar la información pertinente a los licitadores sin más responsabilidad"

La vicealcaldesa Sara Fernández y el máximo responsable de la nueva gestora, Pedro Ortega (dcha).

La vicealcaldesa Sara Fernández y el máximo responsable de la nueva gestora, Pedro Ortega (dcha). / JAIME GALINDO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha reafirmado en su idea de no mediar en el conflicto laboral existente en el reabierto centro de Las Armas ya que la vicealcaldesa Sara Fernández ha esgrimido en la Comisión de Cultura de este viernes un informe de los servicios jurídicos del consistorio en el que se avala que "no tiene responsabilidad alguna".

Preguntada por el PSOE y Podemos sobre qué medidas pensaba tomar ante el conflicto laboral por la no subrogación de cinco de los antiguos trabajadores y que ha acabado en los tribunales, la vicealcaldesa se ha reafirmado en lo que había venido afirmando hasta ahora. El ayuntamiento no va a hacer nada y no lo va a hacer porque, según afirma, "no está obligado a ello". "La competencia del ayuntamiento en este asunto se limita a la Ley de contratos del sector público en la que se dice que en cuanto a la subrogación, el ayuntamiento solo debe facilitar la información pertinente a los licitadores sin que exista responsabilidad alguna del ayuntamiento entre obligaciones del contratista y sus empleados", ha señalado Sara Fernández que indica los servicios jurídicos del consistorio.

El origen del conflicto

El conflicto parte de que cinco trabajadores de la anterior concesionaria del Centro Musical Las Armas han decidido interponer una demanda por despido improcedente a la nueva gestora, la UTE formada por Global Hostelera 2022, Fuse Records-Fluge Zaragoza y Dolly Studios. Según denuncian, la nueva concesionaria del espacio municipal de gestión privada del barrio de San Pablo tenía «la obligación de subrogar» a todos los empleados que procedían de la gestora anterior. Y subrayan que, «tal y como se indica en los pliegos del concurso», debían hacerlo con las mismas condiciones y respetando su antigüedad. Algo que no ha negado la vicealcaldesa Sara Fernández aunque tampoco lo ha afirmado limitándose a insistir en que la única obligación del ayuntamiento es informar a la nueva contrata.

Amparo Bella, de Podemos, ha asegurado que no entiende la postura ya que el ayuntamiento "debería velar porque se cumpla la ley y no lavarse las manos con una cuestión en la que tiene una obligación, ¿para qué sirven unos pliegos si no se cumplen?", ha denunciado.

Tras la denuncia interpuesta por los trabajadores el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) no logró desatacar el conflicto y los trabajadores han elevado su caso al Juzgado de lo Social.