El conflicto laboral de Las Armas concluye sin acuerdo en el SAMA

El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) no ha logrado desatascar este jueves el conflicto laboral del Centro Musical Las Armas. El organismo público ha intentado acercar posturas entre la nueva gestora del espacio del barrio de San Pablo y los cinco trabajadores que han interpuesto una demanda por despido improcedente, pero la reunión ha acabado sin acuerdo.

Tras la negativa de la UTE formada por Global Hostelera 2022, Fuse Records-Fluge Zaragoza y Dolly Studios, los cinco empleados presentarán la próxima semana la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, que podría tardar al menos seis meses en pronunciarse. A pesar de no alcanzarse un acuerdo en el SAMA, los abogados de las partes pueden seguir estableciendo contactos hasta que se celebre el juicio para intentar acercar posturas.

Cinco trabajadores de Las Armas demandan a la nueva gestora por despido improcedente

Según denuncian los cinco trabajadores de la anterior concesionaria de Las Armas, la nueva gestora del espacio municipal tenía «la obligación de subrogar» a todos los empleados que procedían de la concesionaria anterior. Y subrayan que, «tal y como se indica en los pliegos del concurso», debían hacerlo con las mismas condiciones y respetando su antigüedad. Ante la negativa de la UTE, los empleados decidieron interponer la citada demanda por despido improcedente.

La denuncia de los trabajadores

Según los trabajadores, el pasado 1 de febrero la gestora anterior (El Fantasma Producciones SL) comunicó a la plantilla la salida de la empresa y la subrogación a la nueva. Es entonces cuando los trabajadores intentaron volver a ponerse en contacto con el representante de la UTE. «A partir de ese momento algunos compañeros empiezan a recibir Whatsapps individuales planteándoles que les van a hacer contratos nuevos pero sin subrogarles ni mantener la antigüedad», apuntan las citadas fuentes.

Después de casi tres años de Erte, cinco de los once trabajadores aceptaron la oferta de la UTE, otro cambió de trabajo renunciando a la antigüedad y los cinco restantes decidieron seguir luchando por sus derechos y han acabado planteando la citada denuncia.

Además de a los pliegos del concurso, la plantilla se aferra también al Convenio Colectivo Estatal del Personal de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de España (el marco regulador al que están adscritos los empleados de Las Armas) y al artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. «Tanto uno como otro detallan expresamente que cuando hay una sucesión empresarial se tiene que producir una subrogación de la plantilla», asevera Miguel Guillén Fuertes, el abogado que representa a los cinco trabajadores. 

Por todo ello, tanto los empleados como el letrado consideran que el Ayuntamiento de Zaragoza también tiene responsabilidad en todo lo que está sucediendo, ya que «debería velar por que se cumpla la ley». Preguntada por este aspecto la pasada semana, la vicealcaldesa Sara Fernández negó que el consistorio tenga ninguna responsabilidad e indicó que es algo en lo que deben ponerse de acuerdo las dos empresas (la saliente y la entrante). Por su parte, el máximo responsable de la nueva gestora, Pedro Ortega, insistió la pasada semana en la presentación de la nueva etapa de Las Armas que no tenían la obligación de subrogar a los antiguos trabajadores.

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